En un debate en el que se escucharon fuertes críticas al rumbo económico de la administración de Mauricio Macri y en el que quedaron al desnudo las diferencias internas que coexisten en el PJ, el Senado aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto de ley acordado por el Gobierno con la CGT y las provincias que eleva el mínimo no imponible y actualiza las escalas del impuesto a las ganancias.

El texto fue girado de inmediato a Diputados para su tratamiento en comisión -que comenzó ayer mismo a la tarde- y su debate en el recinto. Si no media ningún conflicto de último momento, la intención es que la Cámara baja sancione hoy el nuevo esquema impositivo.

Producto del consenso alcanzado por el Gobierno con los gremios y las administraciones provinciales, el proyecto fue aprobado en el Senado por 56 votos favor, dos en contra y 12 abstenciones. El ala kirchnerista del FPV y los representantes del peronismo puntano fueron los únicos sectores políticos que no sumaron su respaldo a la iniciativa.

El texto eleva el mínimo no imponible a $ 30.500 de bolsillo (37.000 brutos) para los trabajadores en relación de dependencia (cuarta categoría) casados y con dos hijos. Los solteros, en tanto, comenzarán a tributar a partir de un ingreso neto de $ 23.200 (27.900 brutos). Además, actualiza las escalas del gravamen con alícuotas que van del 5% hasta el máximo del 35% de retención para aquellos salarios superiores a los $ 120.000.

También exime las jubilaciones de hasta $ 33.000 y contempla un nuevo régimen de ítems deducibles, como viáticos y alquileres, que podrán aplicarse como pago del impuesto hasta un 40%, y elimina las horas extras de la base imponible para el impuesto.
Desde el oficialismo, Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó el consenso político logrado para superar la crisis generada en torno a la discusión de Ganancias.

“Estábamos en un conflicto que iba a generar un impacto fiscal muy grande, pero hemos sabido encontrar una puerta de salida”, afirmó, tras lo cual ensalzó “la apertura de un gobierno que se avino a la requisitoria del Senado” y se sentó a negociar con todos los actores de la crisis.

Según explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), con este nuevo esquema dejarán de pagar el impuesto unos 800.000 trabajadores, aunque la kirchnerista María Esther Labado (Santa Cruz) salió al cruce de esas cifras.

“Tengo que darles malas noticias: en marzo, cuando se hagan las paritarias, todos los exentos hoy van a volver a pagar Ganancias”, alertó la legisladora, que había firmado anteayer dictamen al proyecto y que ayer, tras reconocer que había puesto su rúbrica sin leer el texto en “aras de la gobernabilidad”, se abstuvo.

El mismo camino siguió el resto del kirchnerismo, incluido Marcelo Fuentes, a pesar de que realizó un discurso hipercrítico contra Mauricio Macri (“gobierna para los sectores concentrados”, afirmó). Sólo se diferenciaron Ruperto Godoy (San Juan) y Daniel Pérsico (San Luis), que votaron en contra. “No me siento representado (por este proyecto) porque deberíamos haber aprobado la media sanción de la Cámara de Diputados”, afirmó el sanjuanino.

Sin embargo, desde el ala dialoguista del PJ-FPV se ensalzó la tarea del jefe de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro), quien la semana pasada le abrió al Gobierno una ventana para que pudiera negociar con la CGT y los gobernadores y frenó, cuando parecía inevitable, la sanción del texto aprobado hace tres semanas por la Cámara baja.

Aquella iniciativa, elaborada por una alianza entre el Frente Renovador, de Sergio Massa, y el kirchnerismo, elevaba de manera sustancial el mínimo no imponible. Esto encendió las alarmas de los gobiernos provinciales, atemorizados por el impacto fiscal que la menor recaudación del impuesto iba a tener sobre sus ingresos.

“Acá lo que cambió fue la llamada del Presidente a Pichetto, que es el que le dice que tiene que llamar al diálogo, porque nosotros esto no lo podíamos hacer sin el consentimiento de los trabajadores”, remarcó el vicepresidente del bloque del FPV, José Mayans, para salir al cruce de los discursos oficialistas, que hacían hincapié en la voluntad de consenso mostrada por la Casa Rosada.

Este reconocimiento al líder de la mayoría opositora de la Cámara alta también lo formularon senadores de otros bloques, como el peronista filomassista Carlos Caserio (UNA-Córdoba).

A su turno, Pichetto defendió el proyecto, que describió como “la ley posible”. “Significa una efectiva mejora para los trabajadores”, agregó.

Sin embargo, también criticó al Gobierno, al afirmar que su proyecto original “fue muy malo, muy pobre” y que no había tomado en cuenta “el proceso inflacionario fuerte que afectó los ingresos de la gente”.

También repartió críticas veladas a los sindicalistas del transporte, que realizaron un paro el lunes pasado en medio de la negociación de un nuevo proyecto. “Sería bueno que algunos gremios que salieron más beneficiados que otros lo reconozcan”, pidió Pichetto, en alusión a la exención total de las horas extras de la que gozarán los trabajadores del transporte de larga distancia.

Los jefes provinciales, conformes con el proyecto consensuado

Miguel Lifschitz
Gobernador de Santa Fe

“Se logró un buen acuerdo, los gobernadores evitamos que se produjera un conflicto entre el Gobierno y la oposición. Todos pusimos un poco, estamos conformes”

Alberto Weretilneck
Gobernador de Río Negro

“Se logró revertir el desfinanciamiento de las provincias, que se iba a producir si prosperaba el proyecto anterior. Se evita la pérdida de recursos para las provincias”

Gustavo Bordet
Gobernador de Entre Ríos

“Ha primado un criterio de madurez, responsabilidad política, de respetar nuestros presupuestos, tanto provinciales como nacionales”

 

fuente LA NACIÒN

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