Màs problemas para Lázaro Báez y su familia. El juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria por presunto falso testimonio a los dos supuestos testigos que afirmaron haber visto en la quinta de Olivos al juez Sebastián Casanello, en un intento desesperado por apartarlo de la investigación por la que se encuentra detenido el presunto testaferro de los Kirchner.
Rodríguez consideró que existen sobrados indicios para sospechar que los dos supuestos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, mintieron para perjudicar a Casanello, y que sus afirmaciones, contradictorias entre sí, no pudieron comprobarse, en «ninguna de las dos versiones».
Los presuntos testigos devenidos acusados, Corizzo y Scozzino, serán indagados después de la feria judicial de verano, el 20 y 22 de febrero próximos, bajo apercibimiento de ser llevados por la fuerza pública si no se presentan a declarar.
Corizzo había afirmado que había visto a Casanello en Olivos, entre agosto y octubre de 2015, donde también se habría cruzado con el diputado nacional Eduardo «Wado» de Pedro. Pero nada de eso pudo verificarse, como así tampoco los dichos de Scozzino, chofer de la Secretaría General de la Presidencia.
La decisión del juez Rodríguez implica un nuevo respaldo para Casanello, quien siempre negó haber ingresado a la Quinta de Olivos o haberse reunido o conversado con la ex presidenta Cristina Kirchner.
«Puedo afirmar con certeza que es falso en todo lo que atañe a mi persona», aclaró Casanello, al presentar la denuncia penal por presunto falso testimonio, en la que además remarcó que Corizzo lo acusó tras reunirse con el abogado de los hijos de Báez, Santiago Viola.
«Yo jamás estuve en ese lugar», planteó Casanello, en alusión a la quinta presidencial. «Si bien no forma parte del relato, también puedo agregar que jamás me reuní ni tuve conversaciones de ningún tipo con Cristina Kirchner», abundó.
En noviembre, Rodríguez ya había dado el primer paso en esa línea. Lo hizo al archivar el expediente en el que se intentó verificar si Casanello, en efecto, había ingresado en Olivos. Tanto el juez como el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, coincidieron en que nada de eso se había comprobado.
«Huele a invento»
Stornelli sugirió ese archivo tras intentar, sin lograrlo, comprobar alguno de los dichos de Corizzo y Scozzino. Por el contrario, en un dictamen muy duro, expuso que detectó «contradicciones» y «curiosidades» de quienes definió como «testigos no tan testigos». Más aún, estimó que todo «huele a invento». En otras palabras, abundó, «nos inclinamos a creer lo que parece: Corizzo nunca estuvo ahí».
«Así las cosas -concluyó el fiscal-, puede darse entonces por descarta la ocurrencia de la mentada reunión» entre la entonces Presidenta y Casanello, de la que no pudo reconstruir dato alguno de registros oficiales, libros de ingresos, testigos, ni antenas telefónicas, entre otras medidas de prueba que buscó.
«No resulta difícil advertir lo que ha sucedido», estimó el fiscal que, además de recomendar el archivo de la causa principal, avanzó a continuación sobre la posibilidad de los falsos testimonios. «La determinación de si estamos frente a dos pícaros oportunistas o a una maniobra coordinada para obtener no sé qué ventaja procesal por vías poco convencionales, será analizada en la causa que corre por cuerda separada».
Con una pena prevista de un mes a cuatro años de prisión, los problemas judiciales para Corizzo podrían, sin embargo, ser mucho mayores. Al denunciarlo, Casanello recordó que si en efecto mintió en una causa criminal, la pena prevista se eleva a entre uno y diez años de prisión.
fuente LA NACIÒN
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