Las 25 cajas que rebosan de expedientes judiciales en el Consejo de la Magistratura empiezan a arrojar algunos indicios del rendimiento de la Justicia en causas vinculadas a delitos por corrupción.

Los tribunales de Comodoro Py -epicentro de la justicia federal- acumulan 922 procesos que investigan corrupción de funcionarios públicos, de acuerdo con las primeras estimaciones a las que accedió LA NACION de fuentes oficiales.
Se trata de los primeros datos de la primera auditoría sobre la justicia federal -impulsada por el consejo-, que contempla el relevamiento de todas las causas de corrupción que involucren a funcionarios en los últimos 20 años. El primer punteo de las autoridades del consejo contabilizó 5000 procesos concluidos y otros 2000 en ejecución.
La mayoría de las investigaciones atraviesan la fase inicial: 720 causas que imputan a funcionarios públicos en Comodoro Py están en la etapa de instrucción. Es decir, la foto en perspectiva sobre Justicia revela que cerca del 80% de las causas están en manos de los jueces de primera instancia.
¿Quiénes son los magistrados que instruyen más casos en la actualidad? Claudio Bonadio (96), Sebastián Ramos (83), Sebastián Casanello (70) y Ariel Lijo (70), según se desprende de la información oficial.

En cambio, los casos a cargo de la Cámara Federal -segunda instancia- son 80. Y las causas de corrupción elevadas a juicio son 122, una cifra distante de los 922 procesos totales que se trabajan en Comodoro Py. En el último lustro se recuerdan unas pocas sentencias de funcionarios públicos por corrupción, como ocurrió con la ex ministra menemista María Julia Alsogaray, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía Felisa Miceli, entre otros.
Ante la consulta de LA NACION, Miguel Piedecasas, vicepresidente del consejo, aclaró que considera habitual que muchas de las causas que atraviesan la instrucción no lleguen a los tribunales orales federales, aunque remarcó como “un dato importante” para analizar con detenimiento durante la auditoría son los casos de sobreseimiento por prescripción.

La otra mitad de las causas de corrupción se instruye en los juzgados federales del interior. Rosario, Mendoza, San Martín (provincia de Buenos Aires), La Plata y Salta, con casi 100 casos por jurisdicción, son los que instruyen más cantidad de casos. “Son sólo temas de corrupción. No están incluidas las investigaciones por narcotráfico”, aclararon desde el consejo.

Auditoría

Durante la última sesión de 2016, el consejo resolvió dar acceso público a la información en crudo de la primera auditoría sobre la justicia federal. La decisión -votada con disidencias en el plenario- incluyó la eliminación de los nombres propios de todos los imputados, ya que muchos de ellos no eran funcionarios públicos.

El consejo había aprobado el pasado junio una resolución que ordenaba una auditoría sobre todos los juzgados, cámaras y tribunales orales federales del país para conocer el estado de las causas iniciadas desde 1996 por hechos de corrupción.

Mientras se libera el acceso a la información sin procesar, el consejo se dedicará a confeccionar un informe definitivo que se pondrá a disposición desde mayo -con varios informes parciales- en el sitio web oficial.

 

fuente LA NACIÒN

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