El fallo del juez federal Julián Ercolini es una pieza más en el rompecabezas de la presunta corrupción kirchnerista que, poco a poco y tras años de dilación, toma forma. Y que acaso termine al fin expuesto en un solo juicio oral en el que abreven varias de las investigaciones penales que hoy tramitan por separado.
¿Qué pieza encastró ayer Ercolini? La que expone cómo el matrimonio Kirchner lideró una supuesta asociación ilícita»destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial», en particular en la provincia de Santa Cruz y para beneficiar a Lázaro Báez .
Esa pieza es, según el número de expediente, la 5048/16, y comenzó con la denuncia que este año presentó el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita.
¿Cuáles son las otras posibles piezas de ese complejo rompecabezas? La primera fue, como Ercolini recordó repetidas veces en su resolución de ayer, la denuncia que ocho años atrás presentó la diputada Lilita Carrió . Es la pieza número 15.734/08. En ese expediente, Carrió acuso al ex presidente Néstor Kirchner como jefe de una asociación ilícita, al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido , a Báez y, entre varios, a otro empresario al que sindicó de actuar como testaferro: Cristóbal López .
Tanto Báez como López son protagonistas centrales de otras dos piezas del rompecabezas. Una es la 11.352/14, más conocida como la causa Hotesur, y comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer. En esa pesquisa se busca determinar si la sociedad Hotesur sirvió para blanquear millones que Báez pagó a los Kirchner por el alquiler de habitaciones y salones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.
La otra pieza es la 3732/16, conocida como la causa «Los Sauces», por la sociedad controlante de múltiples inmuebles de los Kirchner. En ese expediente, que también comenzó con una denuncia de Stolbizer, el juez Claudio Bonadio investiga cómo Báez y López recurrieron a sus empresas para alquilar esos inmuebles y facilitaron que la entonces familia presidencial retirara «adelantos de dividendos» por $ 20,7 millones entre 2009 y 2013.
Allí no se acaba el rompecabezas. Ercolini recordó otras dos piezas posibles: «Se pueden mencionar las siguientes causas número 4075/12 y 1785/16, que tienen por objeto determinar las irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación de obra pública vial a empresas vinculadas a Lázaro Báez, a través de las administraciones viales provinciales de Chaco y Corrientes».
A esas seis piezas se suman otras. Por ejemplo, el expediente 14.950/09 en el que se investigó cómo los Kirchner alquilaron el hotel boutique Los Sauces al empresario hotelero y de la obra pública Juan Carlos Relats.
¿La octava pieza? La 3017/13, en la que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan investigan la «ruta del dinero K». ¿Por qué? Porque en esa causa, por ejemplo, el valijero devenido arrepentido Leonardo Fariña dio su versión sobre el supuesto plan sistemático para el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública, la entrega de fortunas a Báez y otros empresarios, y su reinserción en el circuito a través de maniobras de lavado.
Si Ercolini recordaba que de la mano de Báez también se podía llegar a las obras viales en Chaco y Corrientes, Casanello mira al interior bonaerense. Apunta a Bahía Blanca, donde la facturación trucha de tres grupos empresarios podría aportarle una pieza decisiva para avanzar sobre ese presunto lavado de Báez. Es el expediente 10.451/14 de la justicia federal bahiense.
Así, con cada pieza que se suma al rompecabezas, jueces y fiscales coinciden que una opción sería unificar todos esos expedientes en una gran y única «megacausa». Pero todos ellos coinciden también en que sería la peor de las opciones. Porque en la práctica no generaría más que un mamut inasible y lento.
Por el contrario, sí es posible que varias o todas esas piezas confluyan en la instancia oral. Es decir, allí donde podría exponerse el rompecabezas completo. Mostraría cómo un grupo de funcionarios liderado por los Kirchner habría montado una asociación ilícita para darle miles de millones a ciertos empresarios y que, a cambio, éstos les alquilaron hoteles e inmuebles como «retorno», bajo la protección de la AFIP, la IGJ y Vialidad Nacional, entre otros organismos que controlaban funcionarios kirchneristas.
¿Estaría completo entonces el rompecabezas? No. Restaría una pieza más. Avanzar sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Y eso, pese a todo, aún es posible, recordó Ercolini ayer. Es la causa 9722/16 en la que «se investigan las presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Fernández, correspondientes a los períodos 2010 a 2015».
fuente LA NACIÒN
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