CÒRDOBA.- La primera reunión de la Nación con los 24 gobernadores tiene fecha: el 2 de febrero próximo. El Ministerio del Interior ya comenzó a hacer circular la convocatoria y la agenda incluye la reforma impositiva integral que prometió el presidente Mauricio Macri.
El secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, ratificó la reunión y precisó que apunta a consensuar criterios para “avanzar obligatoriamente en un nuevo esquema fiscal”. Ese esquema incluye Ingresos Brutos, un tributo que fijan las legislaturas provinciales. Se trata de una carga altamente distorsiva por su efecto “cascada”, a la vez que representa entre el 75% y el 80% de los recursos propios de las provincias.

“Está claro que no será una discusión fácil”, dijo a LA NACION un funcionario macrista. Peor después de los 25.000 millones de pesos extras que la Casa Rosada giró para Buenos Aires. Los fondos para María Eugenia Vidal tensaron la relación con las provincias, pese a no significar un recorte extra para ellas.
También se debe discutir un nuevo régimen de coparticipación, un debate complejo porque la ley necesita unanimidad de todos los distritos. Si ese consenso no se diera en la Casa Rosada, ya barajan una estrategia alternativa.

Todavía los gobernadores no tuvieron contacto con el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Sí, en cambio, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Para hoy, Sebastián Galiani, secretario de Política Económica, citó a una reunión con funcionarios de Hacienda para puntear los principales aspectos de las modificaciones impositivas.
Antes del cambio de ministro, el coordinador de la Comisión para la Reforma Tributaria, Nadín Argañaraz, insistió ante LA NACION en que los cambios deben ser “integrales y simultáneos”, e incluir también el reparto de subsidios.

La dependencia de los fondos nacionales es heterogénea; en promedio ronda el 40% de los ingresos provinciales, con picos de hasta el 83%, como Santiago del Estero.

Dujovne ya habló de bajar Ingresos Brutos. El economista del Iaraf Ariel Barraud explicó que dicho impuesto es “el corazón” de las recaudaciones provinciales. Su participación fue creciendo en los últimos 15 años por la inflación, la suba de alícuotas y la expansión a distintos rubros.

En 2000 representaban entre el 50% y el 55% de los ingresos propios de las provincias, ahora llegan al 80%. El esquema genera crecientes cuestionamientos judiciales.

“Los espacios fiscales que deje uno no deben ser ocupados por otro -señaló Argañaraz-. Si la Nación baja o elimina un impuesto, no deben reemplazarlo los otros. El eje no es la distribución, sino la competitividad.”

La Casa Rosada presupuestó para este reparto de coparticipación $ 750.000 millones. El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea Marcelo Capello apuntó que en 2016 -marcado por la recesión- fueron el Tesoro nacional y la Anses los que se hicieron cargo de la mayor parte del costo fiscal de bajar impuestos.

El secretario de Provincias de Interior, Alejandro Caldarelli, es uno de los que entienden que antes de discutir cómo distribuir hay que establecer qué repartir. Algunos de sus pares plantean establecer “premios y castigos” para las provincias, aunque admiten que se debe ser “muy cuidadoso” de no avanzar sobre facultades propias a los gobernadores. La Nación podría supervisar los fiscos provinciales tomando en cuenta el perfil productivo de cada distrito.

Entre los puntos a poner sobre la mesa está la posibilidad que abrió el blanqueo a las provincias para mejorar la recaudación del Inmobiliario y la transferencia de la base de recaudación de Bienes Personales.

 

fuente LA NACIÒN

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