La más conocida y temida es la de Estados Unidos: la Patrulla Fronteriza, la US Border Patrol. Pero existe, con menos visibilidad y protagonismo en Ecuador, Panamá y, entre otros países, Costa Rica.

La creación de una policía migratoria, destinada a regular el tránsito de personas, figura en el menú de “ideas” que circulan en los despachos oficiales para endurecer los controles fronterizos.

La propuesta, que en gobierno proyectan a mediano plazo, figura en un paquete de reformas e iniciativas que la Casa Rosada impulsa en materia de inmigración, cuyo punto inicial fue el DNU de Mauricio Macri publicado el lunes pasado.

Con ese decreto, se acortaron plazos en procedimiento que involucran a extranjeros con conflictos penales y limita el ingresos de personas con condenas y antecedentes.

El director de Migraciones, Horacio García, confirmó lo que ayer contó Clarín: la idea de crear un “fuero migratorio” que atienda asuntos de extranjería -de conflictos de residencia a expulsiones-, que hoy caen en el farragoso Contencioso Administrativo.

Pero así como García habló de que haya “jueces y fiscales” que se aboquen a temas de migraciones, en paralelo el Casa Rosada se estudia la creación de la policía migratoria.

A Gendarmería, Prefectura Naval, la Polícía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se agregaría esa quinta fuerza con tarea puntual en migraciones.

En rigor, según la ley de Migraciones 25.871, las cuatro fuerzas federales existentes ofician como “policía Auxiliar de Migraciones”.

En gobierno explican que hay un punto ciego entre la tarea administrativa de migraciones y la intervención de los agentes de seguridad.

Así como en Estados Unidos y varios países existen fuerzas especiales para migración, lo más habitual -España, Alemania, Brasil- es que la policía federal o nacional tenga un área específica que interviene en migraciones.

“El tema está en estudio pero tiene su complejidad: requiere una ley que pase por el Congreso y puede generar resistencia en las demás fuerzas” confió un funcionario a Clarín.

Más simple: además de implicar una cuestión presupuestaria adicional, que tome funciones de otras reparticiones es lo que despierta recelos.

Podría producirse, por caso, un conflicto de competencias si la nueva fuerza quedara en el ámbito del ministerio del Interior como un brazo ejecutivo de la Dirección de Migraciones y no en Seguridad como las demás fuerzas.

Patricia Bullrich juega en el ring. Hizo circular estadísticas sobre la incidencia de los extranjeros en el delito. Según un informe de la Subsecretaría de Estadística Criminal, solo el 4,8% de los 72693 detenidos en cárceles de todo el país -federales y provinciales- son extranjeros.

Sin embargo, resaltan en Seguridad, de los 3.172 presos por conflictos con la Ley de Estupefacientes, 1.069 de nacionalidad extranjero, es decir que respecto a ese delito la proporción es de “1 a 3”, sintetizan desde la cartera de Bullrich.

La ministra será hoy objeto de una denuncia en el INADI por parte de Barrios de Pie. Daniel Menéndez, dijo que “Bullrich parece una funcionaria de Donald Trump” porque acusó a “peruanos, bolivianos y paraguayos” de ser “los responsables del avance de la droga en la Argentina.

“Si bien estamos de acuerdo con que se fortalezcan los controles para luchar contra el narcotráfico, no con estigmatizar a las comunidades extranjeras” dijo Menéndez.

En el gobierno sostienen que las iniciativas respecto a la inmigración son bien recibidas por la mayoría y muestran encuestas con alto nivel de aceptación. Ayer, la consultora Poliarquía mostró una medición que indica que 88% de los encuestados apoya la creación de un tramite exprés para expulsar a extranjeros que cometan delitos.

 

fuente CLARÌN

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