Se oyó ayer, con tono de sentencia, en el despacho de Juan José Gómez Centurión: “Nadie le pidió ni le va a pedir la renuncia. Fue una opinión a título personal que no involucra al Gobierno”. La frase contenía media verdad. El Presidente no le exigió que dé un paso al costado porque considera que el funcionario está enfrentando con éxito el contrabando en la Aduana y porque tampoco cree tener un nombre mejor para ese sillón. Pero aquella frase escondía media mentira o, en todo caso, desconocimiento: las declaraciones involucraron de tal modo a la Casa Rosada que desde la noche del domingo Marcos Peña y su equipo monitorean la polémica y evalúan los costos políticos que podrían depararle a Mauricio Macri. En la cima del poder, en conversaciones que incluyeron al propio jefe de Estado, evaluaron echar al jefe de la Aduana durante las 48 horas que siguieron a su participación en el programa de TV “Debo decir”.

La cuestión se analizó seriamente en la mesa chica del Gobierno. “No lo echaron porque Mauricio prefirió priorizar su gestión, aunque había mucha bronca. La pelota pegó en el palo y el partido todavía sigue”, reveló un ministro en diálogo con Clarín. Que el partido aún no finalizó expresa una preocupación que cruza a todos en Balcarce 50: que la polémica no se enfríe tan fácil y haya que volver a salir a dar respuestas públicas. Por lo pronto, Macri no tiene agendada ninguna entrevista.

El impacto puertas para adentro del Ejecutivo fue notorio: nadie entiende bien por qué el funcionario se involucró con un tema tan sensible, pese a las recomendaciones sobre el manejo con los periodistas que le dieron tras su salida temporaria de la Aduana. “En vez de hablar de su lucha contra las mafias se largó a dar un debate que no está en agenda. Este Gobierno quiere mirar para adelante, no para atrás”, se repetía ayer en la Rosada.

Los voceros macristas sostienen que aunque sus dichos no expresan la postura mayoritaria del Gobierno espanta a sectores de la sociedad que siempre miraron de reojo a Macri. Centurión, un ex carapintada que logró la confianza de Macri durante su desempeño en la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad -donde se ganó fama de incorruptible- desató la furia de la oposición y de los organismos de derechos humanos tras negar que los represores de la última dictadura hayan encabezado un plan sistemático para detener y hacer desaparecer personas.

La decisión del Presidente de que siga en su cargo y la sugerencia del equipo de comunicación para que no conceda más entrevistas, no impiden que el pasado reciente le haya dejado una lección al Ejecutivo: ya no hay ministros que se animen a descartar un cambio. “El que se quema con leche…”, asumía un hombre del entorno del primer mandatario. El mismo Macri había descartado rotaciones en el Gabinete durante el retiro espiritual de Chapadmalal y apenas semanas más tarde -durante sus vacaciones- tuvo que inaugurar los pedidos de renuncia con Alfonso Prat-Gay. Y, desde luego, no es la primera vez que un funcionario queda atrapado en una polémica por el accionar de la dictadura.

Pese a que el episodio sucedió en la administración porteña, es innegable la comparación con el ruido que provocó a mediados del año pasado el ex secretario de Cultura Darío Lopérfido, cuando puso en duda el número de desaparecidos. Horacio Rodríguez Larreta lo quiso mantener en el cargo pero la tormenta fue más fuerte. Si se va unos años más atrás, hay otro caso: la salida de Abel Posse del ministerio de Educación porteño. Aquella vez, Macri desoyó la advertencia que le hicieron sobre la visión del escritor de los setenta. Posse duró tan solo 11 días en el cargo.

 

fuente CLARÌN

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