El del viernes próximo podría ser el primer paro nacional bancario de una cadena de protestas que se pronostican en la actividad. También se puede interpretar como el primer golpe que orquesta un bastión de la CGT en su cruzada para no avalar el techo del 18% que prevé establecer el Gobierno como la pauta salarial de referencia para 2017.
La paritaria bancaria, cuyo desenlace está ahora en manos de la justicia laboral, serviría como negociación testigo para el resto del sector privado. Por eso el interés de la Casa Rosada en evitar que se cristalice un acuerdo superior a las expectativas inflacionarias que proyectó en su ley de presupuesto (entre el 12 y el 17%).
Más allá del caso puntual de la Asociación Bancaria (AB), el plan salarial del oficialismo, que ya tuvo su caso paradigmático con la paritaria de los estatales bonaerenses con un alza escalonada del 18% anual, ya fue rechazado casi de manera unánime por la CGT y las dos vertientes de la CTA.
Con el conflicto bancario, el Gobierno quedó en una posición incómoda y peligra su plan de evitar subas salariales superiores al 20%. El nerviosismo es tal que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, llamó por teléfono en los últimos días a los referentes de los bancos privados para presionar para que no paguen el aumento que habían negociado con el gremio.
En el Gobierno hay un sabor amargo porque la pulseada con Sergio Palazzo, jefe de la AB, estuvo a punto de resolverse un día antes de la Navidad. El acuerdo que habían tejido el sindicato y las bancas públicas y privadas, y que tenía el visto bueno de Carlos Melconian (todavía era presidente del Banco Nación), contemplaba un aumento del 24,15%. llevando el sueldo básico a $ 25.447.
Melconian hasta obtuvo el aval de Mauricio Macri porque en su informe al Presidente le había precisado que el alza sería del 19,5%. Lo que omitió el ex titular del Banco Nación fue la compensación de entre $ 8000 y $ 12.000, según las categorías salariales, que el gremio cerró en diciembre a modo de adicional por la paritaria de 2016, que había sido del 33%. Pero lo más novedoso del trato, sin embargo, había sido el pago a cuenta por la paritaria de 2017. Se había pautado un pago remunerativo de $ 7000 en enero, mientras que preveía bonificaciones de $ 2000 por mes hasta abril. Es decir que el anticipo iba a alcanzar, como mínimo, los $ 15.000. Así, el trato, con sus extras, establecía como piso un porcentaje de aumento anual de por lo menos el 24,15%. Además, en letra chica, se vaticinaba otra batalla: se dejaba abierto el debate para debatir «el impacto del impuesto a las ganancias» en los salarios.
Sin embargo, durante la revisión del acta, una advertencia de Silvia Squire, subsecretaria de Relaciones Laborales, salvó a Jorge Triaca, su jefe, de rubricar por entonces la paritaria. El episodio sentenció la salida de Melconian del equipo macrista.
Aquel entendimiento salarial fue ahora objetado por el Ministerio de Trabajo, que se rehúsa a homologarlo. Pero el conflicto se agudizó cuando hace dos semanas el trato paritario obtuvo un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordena cumplirlo. Triaca apeló la decisión judicial y el desenlace es todavía incierto.
Ante este panorama de incertidumbre, Palazzo logró ayer el aval de las 53 seccionales de la AB para activar el viernes próximo un paro nacional por 24 horas. El jefe bancario, incluso, avanza en el borrador de una denuncia penal contra Triaca por «incumplimiento».
Con este conflicto, Palazzo se reposiciona en la interna de la CGT y logró apoyo en su pelea contra el Gobierno. La central obrera, en un documento consensuado, exigió recientemente «paritarias libres» y ejemplificó su demanda con la judicialización del caso bancario.
La CGT avanza en la organización y busca respaldo político para darle mayor vigor a la protesta del 7 de marzo por los despidos. Sería una manera de presionar antes de definir un posible paro nacional para el 30 del mismo mes.
La estrategia de la central obrera contempla, además, golpes aislados y por sector. Uno de ellos será el paro bancario del viernes que viene. Otro será la protesta que encabezarán hoy los metalúrgicos de la UOM en las narices del Ministerio de la Producción y en una dependencia del Ministerio de Trabajo, donde se debatirá sobre el futuro de 183 personas que fueron recientemente desvinculadas de la firma Banghó. Desde 2016 hasta la actualidad, la UOM sufrió 9000 despidos y 14.000 suspensiones, según precisó Antonio Caló. Hoy, junto a la cúpula de la UOM, asistirían dirigentes de la CGT. Otra señal de los tiempos que se avecinan.
fuente LA NACIÒN