El juez federal Sebastián Casanello tiene previsto viajar a fin de mes a los Estados Unidos, en busca de pruebas que alimenten la causa en la que mantiene detenido a Lázaro Báez por lavado de dinero.

En ese viaje, donde probablemente sea acompañado por el fiscal Guillermo Marijuan si es que terminan de combinar sus agendas, la Justicia intentará recabar evidencias sobre movimientos contables de los acusados. Esos datos servirán para completar la información sobre Báez en este expediente, que estalló en los medios cuando se conocieron filmaciones de su hijo Martín, contando millones de dólares en efectivo en la financiera La Rosadita.

Sucede que en las últimas semanas, el juzgado recibió información de inteligencia financiera, que menciona la existencia de movimientos bancarios en los Estados Unidos de Federico Elaskar.

Se trata del ex dueño de SGI, la financiera conocida como La Rosadita, desde donde Báez movilizó millones de dólares fuera del país. Tal era el flujo financiero de fondos de Báez que movilizó SGI, que el financista denunció que Báez lo presionó mediante su contador para que le vendiera la financiera.

El juez y el fiscal tratarán de determinar si los fondos depositados en bancos norteamericanos se corresponden con operaciones financieras realizadas para 2011 o 2012, cuando manejó fondos del millonario patagónico.

La visita a Washington tiene otra misión: contactar a los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que fueron contratados por el kirchnerismo para litigar contra los fondos buitre que buscaban ejecutar los bonos en default en manos de ahorristas de todo el mundo. Esa visita obedece a la sospecha de que el kirchnerismo ocultó información sobre casos de corrupción de los Báez que habían sido descubiertos por los abogados de los fondos buitre.

La historia se remonta al momento en que el gobierno argentino evitó acordar con los holdouts y comenzó un largo litigio para evitar pagarles. Cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno fue una de las primeras cuestiones que acordó Mauricio Macri, lo que le permitió a la Argentina volver a endeudarse en el exterior.

Los fonos buitre, liderados por NML de Paul Singer, plantearon a la justicia norteamericana que como la Argentina les debía dinero y había plata de la corrupción depositada en cuentas de los Estados Unidos, los autorizaran a buscar esos fondos ligados a los empresarios investigados por la justicia argentina.

La idea de los buitres era detectar esos depósitos para embargarlos y cobrarse de allí la deuda que reclamaban.

La justicia norteamericana autorizó esta búsqueda de información en el sistema bancario norteamericano mediante un procedimiento denominado Discovery. Se trata de un buscador, como si fuera un Google, donde se introducen palabras, por ejemplo los apellidos de los investigados, y devuelve información sobre registros bancarios donde estuvieran mencionados. Así se recabó una montaña de información.

Todos estos datos, a medida que aparecían, eran enviados a la entonces procuradora del Tesoro Angelina Abbona. Ahora se sabe que escondió esa información.

El juez y el fiscal quieren saber si los abogados del estudio habían recibido alguna advertencia del gobierno en ese momento para que les advirtieran si había operaciones vinculadas, por ejemplo, con Lázaro Báez. La información obtenida por el Discovery es muchísima, pero en muchos casos decepcionante para los investigadores. Por ejemplo aparecieron registros bancarios en Estados Unidos a nombre de Kirchner, pero luego se supo que se trataba de la dirección del Banco de Santa Cruz situado sobre la avenida Néstor Kirchner, que figuraba en un resumen de tarjeta de crédito con el cual se habían pagado combustible de un avión de la provincia. El juez Casanello busca elevar a juicio esta causa por lavado de dinero que expone a Báez a pagar una multa de hasta 300 millones de dólares en caso de ser condenado. Las partes lo admitieron, falta el dictamen del fiscal Marijuan, que pidió prórroga y fue emplazado a presentarlo.

fuente LA NACIÒN

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