Ahuyentar todos los fantasmas y obtener el consenso de la sociedad civil. Con esos objetivos, el Gobierno decidió convocar a ONG y a expertos en transparencia para debatir los inminentes decretos que regularán los conflictos de intereses. La reunión será mañana y se preparó un escenario señorial: la Casa Rosada.

La Oficina Anticorrupción (OA), conducida por Laura Alonso , cursó invitaciones a diversos actores de la sociedad civil para que realicen aportes y sugerencias para los decretos, que por ahora están escritos en borrador. Ya confirmaron su presencia, entre otras ONG, Poder Ciudadano, Poder Legislativo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Anticorrupción (CEA) de la Universidad de San Andrés.

Además de recibir aportes, el Gobierno obtendrá una foto importante en medio de los cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses, primero por la deuda del Correo Argentino y recientemente por la recomendación para otorgarle rutas aéreas a Avianca, la empresa que absorbió a MacAir. Si bien rechazan cualquier irregularidad, en la Casa Rosada tomaron nota de las críticas, dejaron en suspenso las medidas que causaron polémica y ahora mostrarán otro gesto con decretos para limitar al Presidente.

El encuentro con las ONG será en el Salón Sur de la Casa Rosada y durará dos horas y media. Allí, sobre la mesa, se pondrán los borradores de dos decretos: uno con un protocolo de acción en casos de juicios contra el Estado y otro vinculado a las contrataciones públicas.

En la OA explicaron a LA NACION que no se tratará de un plebiscito, sino de una ronda de consultas para recibir aportes y, eventualmente, incorporarlos a los textos. “También se van a publicar en el sitio web del organismo los proyectos de los decretos y habrá un espacio para que quienes quieran puedan enviar sus sugerencias”, agregaron en el organismo de control.

Según pudo conocer LA NACION, el proyecto del decreto que estipula un protocolo para los juicios contra el Estado planteará que deberá darse intervención al procurador del Tesoro Nacional, que conduce el cuerpo de abogados estatales, cuando el litigante esté vinculado al Presidente o al vicepresidente.

El proyecto para evitar conflictos de interés en las contrataciones, en tanto, señalará que todo proveedor del Estado deberá declarar si mantiene algún tipo de vínculo con el Presidente, el vicepresidente o el jefe de Gabinete. En esos casos se les dará intervención a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Para ambos decretos se contemplarían como “vínculos” los casos de parentesco hasta el cuarto grado, la relaciones de amistad y los nexos con acreedores o deudores, entre otros.

No se descarta que la nueva normativa también busque ampliar el alcance de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, para que deban informar el patrimonio de sus cónyuges, una de las demandas más importantes de la sociedad civil.

En las ONG se mostraban ayer expectantes. “Esperamos que sea un espacio de participación real, porque el Gobierno está dando respuestas tardías a los conflictos de interés. Tenemos leyes muy vagas y viejas, hay que adecuar la regulación ya”, manifestaron desde una de las entidades.

Otra de las invitadas anticipó que buscarán pedir “más protocolos para regular los conflictos de interés adentro de los ministerios y otras reformas a la ley de ética pública pendientes”.

Piden investigar a dos funcionarios por avianca

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade pidió ayer que se investigue a los funcionarios Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, y Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica, por su supuesta participación en una maniobra dentro del mercado aerocomercial para favorecer a la empresa Avianca.

La ampliación de la denuncia fue recibida por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello, que deberá decidir si imputa a los funcionarios. Una vez tomada esa decisión, el magistrado puede ordenar alguna de las medidas de prueba sugeridas por el fiscal la semana pasada, cuando imputó a Mauricio Macri; a su padre, Franco, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

La ampliación de la denuncia está basada en declaraciones de Carlos Colunga, CEO de Avianca y ex ejecutivo de MacAir Jet, publicadas por el blog Nuestras Voces, de la ex diputada Gabriela Cerruti. Allí, Colunga sostiene que “el negociado” con la asignación de rutas aéreas lo hizo Flybondi, firma a la que vinculó con Quintana y Dietrich.

Tailhade señala, además, que Clusellas fue durante años apoderado de MacAir Jet -firma que el grupo Socma vendió a Avianca-, un cargo que según el denunciante todavía ostenta.

fuente LA NACIÒN

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