Los familiares y los amigos del Presidente encenderán una luz de alerta cuando quieran celebrar contratos con el Estado. Los borradores de los decretos para prevenir conflictos de intereses estipulan que, en esos casos, se deberán ajustar las clavijas del control. Así, por ejemplo, las firmas del grupo Socma, la constructora de Nicolás Caputo o Iecsa, del primo de Mauricio Macri, pasarán por un «doble filtro» cuando se presenten a una licitación.
La normativa para reforzar los resortes institucionales todavía no está cerrada, pero el Gobierno ya redactó los textos preliminares. La Coalición Cívica (CC) ya se pronunció y reclamó controles más profundos. Se espera que, en las próximas horas, las ONG hagan sus sugerencias.
Uno de los decretos estipula un mecanismo para evitar irregularidades en las contrataciones públicas. El borrador propone que los proveedores del Estado firmen una declaración jurada en la que informen si tienen algún nexo con el Presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete o el ministro contratante.
¿Cuáles serán los vínculos bajo la lupa? El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; la sociedades en común; los casos de pleitos, las relaciones con acreedores o deudores, y los lazos de amistad o enemistad manifiesta. En el pasado, por ejemplo, Lázaro Báez debería haber reconocido que Néstor Kirchner era su amigo.
Si se da alguno de estos casos, ahora deberán intervenir la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y se prevén procedimientos de veeduría.
El segundo decreto estipula un protocolo para los juicios contra el Estado y plantea que deberá darse intervención al procurador del Tesoro Nacional cuando el litigante esté vinculado al Presidente o al vicepresidente. El objetivo es que no se repitan episodios como los del Correo, que se decidió puertas adentro del Ministerio de Comunicaciones.
La CC ya le pidió a la Casa Rosada profundizar los controles. «La ley vigente es pobre. Debemos obligar a los funcionarios a presentar declaraciones juradas no sólo patrimoniales, sino también de intereses. Hay que reformar la ley de ética y de contrataciones. Así lograremos transparencia, credibilidad y buena gestión», manifestó desde ese espacio el diputado Fernando Sánchez.
Hoy, la normativa se debatirá con las ONG en Casa de Gobierno. En paralelo se espera que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, acuda al Congreso para exponer sobre las nuevas rutas aéreas y las tarifas del peaje, entre otros puntos.
fuente LA NACIÒN
