Con un margen de tres semanas para evitar o neutralizar el impacto del paro general que la CGT prevé activar entre el 4 y el 6 de abril, el Gobierno define una serie de medidas para negociar con los sindicatos.

La estrategia oficial tiene varias aristas. Desde un proyecto de ley para fomentar la industria nacional hasta un incremento del auxilio financiero y exenciones impositivas a sectores en crisis. También prevé un mayor intervencionismo estatal en las negociaciones salariales del sector privado, garantizando la eventual reapertura de las paritarias en caso de que la inflación supere el porcentaje acordado entre el gremio y la cámara empresaria.

Así surge de un borrador que preparan los ministerios de Trabajo y de Producción, cuyos principales puntos fueron adelantados a LA NACION por fuentes oficiales. El conflicto con los docentes, en tanto, lo manejan cada distrito y el Ministerio de Educación.

En línea con estas medidas, surgió la determinación de Mauricio Macri de postergar los aumentos de las tarifas y moderar el plan de ajuste. Hay una intención netamente electoral, pero también económica: el Presidente quiere evitar un repunte inflacionario antes de las elecciones legislativas y de las paritarias de los sindicatos más poderosos, que negocian salarios entre abril y agosto.

Otra señal fue la reglamentación de la ley de emergencia social, que se concretó el viernes último. La normativa, aprobada por el Congreso al cierre de 2016, destinará 30.000 millones de pesos en tres años para las agrupaciones sociales, que actúan en tándem con la CGT.

El plan oficial para contrarrestar el paro se refuerza además con un eslogan: diálogo permanente.

Las iniciativas que impulsa el Gobierno, sin embargo, no serían suficientes para forzar una tregua con los gremios. “Hacen falta hechos concretos. Una normativa o decreto presidencial para detener los despidos y las suspensiones, y una marcha atrás en la política de importaciones y quita de aranceles a determinados productos. Hasta es necesario que ruede alguna cabeza del gabinete”, dijo a LA NACION Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.

Entre mañana y el miércoles, los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Francisco Cabrera (Producción) recibirán a los gremios industriales que más sufrieron los coletazos de la apertura de las importaciones y de la crisis brasileña. Desfilarán por los despachos oficiales los metalúrgicos de la UOM, mecánicos del Smata y referentes de la industria textil y del calzado. Son, casualmente, las actividades más favorecidas por los fondos del Programa de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia por el cual el Estado nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas cuya situación es crítica.

Triaca confía en trabajar con la UOM y el Smata la letra chica de un proyecto de ley que favorecerá a los proveedores nacionales. Con el sector de textiles y calzado buscará coordinar un mecanismo de regularización laboral a través de beneficios impositivos. Una suerte de blanqueo laboral, pero con la lupa puesta en estas dos actividades.

Sin embargo, los jefes de los cuatro gremios en cuestión no son optimistas acerca de lo que pueda surgir en las reuniones y ya dieron el visto bueno en la CGT para avanzar con el paro de abril. La tensión con el Gobierno hasta podría acelerar el posible regreso a la CGT de Ricardo Pignanelli, del Smata.

Otro ministerio que activó a su equipo en función del eventual paro es el del Transporte. Hace casi un mes, cuando la amenaza de huelga ya estaba latente, el ministro Guillermo Dietrich convocó a todos los gremios del sector con la excusa de exhibir los avances en la gestión e informar acerca del plan de inversiones para los próximos años. Los edulcoró diciendo que su organismo será el más beneficiado en fondos para obra pública entre 2017 y 2018 y con su plan de infraestructura, que contempla fuertes inversiones en el sector ferroviario, sobre todo en el transporte de cargas.

Dietrich insistirá en su mensaje con dos gremios que podrían sentenciar la viabilidad del paro: los colectiveros de la UTA y los maquinistas de tren de La Fraternidad. Sus jefes, Roberto Fernández y Omar Maturano, respectivamente, garantizaron puertas adentro que adherirán a la huelga que convoque la CGT.

Fernández y Maturano dependen de los subsidios estatales. La UTA perdió recientemente un auxilio importante por la competencia aérea. Pero a través de la justicia laboral le llegó una buena noticia: revocaron la personería gremial de los metrodelegados y la UTA sigue teniendo la representación colectiva en el subte metropolitano. Fernández necesitará ahora del macrismo para no volver a perder el subte a manos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, uno de los brazos más vigorosos de la izquierda sindical.

En forma paralela, otros dirigentes de la CGT mantienen negociaciones subterráneas para que se agilice la entrega de fondos para las obras sociales sindicales, la caja que garantizó la tregua con el Gobierno durante 2016.

fuente LA NACIÒN

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