El fallo de la Corte le dio al Gobierno la posibilidad de obtener vacantes cruciales en dos tribunales nacionales: la Cámara de Casación Penal y la Cámara Federal de La Plata. Al mismo tiempo siguió limando el poder de la jueza federal María Servini, de 80 años, pero que no se irá porque tiene un amparo firme del fuero de la Seguridad Social. Quienes no están como ella son el camarista Leopoldo Schiffrin, de La Plata, y su colega Julio Reboredo.
Al mismo tiempo, otro juez alcanzado por esta medida es Pedro David, de la Cámara de Casación, donde ya hay dos vacantes a cubrir. Es el máximo tribunal penal del país y hasta ahora vienen fracasando los intentos de conseguir consenso en el Consejo de la Magistratura para reimpulsar el concurso.
La decisión de ayer fue celebrada en el Gobierno, donde, no obstante, pensaban que lo mejor es moverse con prudencia y paso a paso. «Hay que analizar cada caso paso a paso. Esta decisión es buena para el Gobierno, para analizar la transición», señaló anoche una fuente oficial a LA NACION.
Pensaba no sólo en el corto plazo, donde no está en discusión que Servini será la jueza electoral que controle los comicios, sino en los próximos años. Pues cada año habrá una lista similar de jueces que lleguen a los 75 años y sobre ellos penderá la espada de Damocles. «El impacto en los próximos años será muy bueno entre los que tienen 73 y 74», decían anoche en el Gobierno.
Algunos jueces enrolados en la lista mayoritaria de la Asociación de Magistrados estaban en llamas. Cuestionaban que los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, ex constituyentes, hubieran votado ahora para convalidar el texto del que ellos son coautores. Pero no hubo pronunciamiento oficial. En el fuero federal sostenían que el Gobierno está consiguiendo vacantes que no puede cubrir.
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