En la víspera del primer paro general de la CGT, el Gobierno está dispuesto a tensar al máximo el vínculo con los sindicatos. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca , ordenó reforzar las auditorías en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 por ciento del cupo femenino. Una suerte de presión para traccionar una eventual renovación en las cúpulas de los sindicatos.

Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformación del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno. De avanzar este expediente, algo que es poco probable, el Ministerio de Trabajo hasta podría invalidar a la cúpula de la central obrera y exigir su regularización.

Ambas medidas forman parte de un endurecimiento, cuyo comienzo se dio con una modificación en el reparto de fondos de las obras sociales. Desde hace un mes, Triaca comenzó a tener injerencia casi directa en el reparto a las prestadoras médicas sindicales y en los gremios sospechan que podría haber una distribución discrecional del dinero.

La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a cargo de Horacio Pitrau, anunciará en los próximos días una serie de recomendaciones a los sindicatos en lo relativo a la transparencia y a la institucionalidad. Será una suerte de advertencia para cumplir internamente con los procesos electorales, los cupos y garantizar la participación de las minorías. “No es gratis hacer un paro. Debemos continuar con la gestión”, justificó la réplica un ministro de Mauricio Macri .

La embestida del oficialismo traza un curioso paralelismo con una de las causas que desencadenaron en el primero de los 13 paros de la CGT al gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en 1983 envió al Congreso el proyecto de ley de reordenamiento sindical, que introducía, entre otros cambios, la participación de las minorías en la conducción de los gremios. La iniciativa no prosperó y derivó en la renuncia de Antonio Mucci, su ministro de Trabajo.

Cerca de Triaca rechazaron cualquier tipo de comparación con aquel proyecto. “No estamos discutiendo normativas nuevas, no es un cambio en la ley. Queremos que se cumpla la normativa vigente en cuanto a los cupos femeninos, juntas electorales, asambleas. Hay seccionales de gremios grandes que tienen muchísimas irregularidades”, dijo a LA NACION un funcionario del Ministerio de Trabajo.

Caso testigo

El Gobierno intentará exhibir su caso modelo con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que está intervenido por orden judicial desde el 18 de febrero de 2016. Alfredo Bertonasco, el flamante interventor, pretende normalizar en el mediano plazo el gremio con la convocatoria a elecciones. Prevé armar la junta electoral en octubre, por lo que el sucesor de Omar “Caballo” Suárez surgiría antes de fin de año. Triaca sueña con implementar allí el voto electrónico por primera vez en unos comicios sindicales.

La intervención del SOMU fue ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a la cúpula del gremio, sobre todo a Suárez, por bloquear puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícitas. Lo llamativo es que la intervención nunca tuvo injerencia en la obra social, una de las cajas más jugosas del gremio. Canicoba Corral ubicó allí a tropa propia: Pablo Garrido y Sergio Ramiro Tejada, su cuñado.

Además del SOMU, el Ministerio de Trabajo intervino la Unión Personal de Seguridad, gremio de los vigiladores privados que conducía con puño de acero desde hacía 30 años el barrionuevista Ángel García. La intervención se dio por irregularidades en el proceso electoral y por el riesgo de una acefalía. Triaca designó a Rodolfo Alonso, a quien en la cartera laboral señalan como hombre cercano a Enrique “Coti” Nosiglia.

En el Ministerio de Trabajo siguen de cerca a diferentes seccionales de la Uocra en las que se habrían detectado irregularidades vinculadas a la cantidad de afiliados y al presunto desvío de fondos. También están bajo la lupa el Sindicato del Seguro y el de Empleados de Comercio, cuyas dos últimas elecciones estuvieron teñidas por denuncias de padrones adulterados e incumplimiento en los cupos. La sucesión de Armando Cavalieri, que será en 2018, recién comienza: pulsean Carlos Pérez, director de la obra social y administrador de Parque Norte, y Ramón Muerza, delegado de los supermercados Coto y quien acercó al Gobierno sus inquietudes sobre la democracia interna en el gremio.

Más allá de casos puntuales, el expediente más pesado es la impugnación del triunvirato de la CGT, que tiene destino de empantanarse en la Justicia. La denuncia fue presentada por el ruralista Gerónimo Venegas, el referente del sindicalismo oficialista y aliado electoral de Cambiemos a través de Fe, su fuerza política.

Schmid prevé una alta adhesión

Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la CGT, pronosticó que el paro nacional del próximo jueves “va a tener una fuerte adhesión. La gente no llega a fin de mes”, sentenció el sindicalista, quien desestimó las denuncias de desestabilización del oficialismo. “Eso es más viejo que el agujero del mate”, dijo el jefe del gremio de dragado y balizamiento.

fuente LA NACIÒN

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