Luego del fuerte respaldo popular que recibió en la marcha del 1-A, el gobierno de Mauricio Macri prevé un avance contra la CGT , los piqueteros y los aparatos partidarios del PJ que protestan contra las políticas oficiales. La iniciativa es particular: le ordenará a la AFIP que inspeccione las facturas y los pagos de esas organizaciones a los micros que transportan militantes y a otros proveedores en busca de eventuales irregularidades.

El proyecto se está terminando de pulir en la comisión interministerial que se conformó para resolver el problema de los piquetes y que coordinan el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y su par porteño de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo .

La Casa Rosada quiere controlar la transparencia tributaria del negocio de los micros. Presume que existen muchas irregularidades e informalidad. Se les pedirán las facturas a los dueños de los micros o a las organizaciones que paguen por esos servicios.

También se pedirán facturas por los gastos de los escenarios, equipos de sonidos y proveedores de viandas y choripanes, que suman costos siderales.

La iniciativa está en línea con la polémica felicitación de Macri a la gente que participó de “la marcha de la democracia” el sábado último, por “expresarse desde el corazón, espontáneamente, sin colectivos ni choripán”.

La decisión política no fue comunicada aún a la AFIP, que dirige Alberto Abad. Desde el organismo recaudador aseguraron que “no se trabaja en nada de eso”. Incluso lo desaconsejaron: “Si pedís factura en pleno acto, se producirían situaciones de violencia”.

Pero en la Casa Rosada ya se atajaron: “Los operativos no serían en medio del acto, sino ex post”. Y agregaron: “Las facturas no se les pedirían en el mismo lugar de la marcha porque llevaría a situaciones de violencia”. Se busca identificar los micros, a sus dueños y a los organizadores y se les haría llegar el pedido.

“Apuntar a la logística de las movilizaciones es una decisión tomada. La implementación todavía está en debate”, aclaró una fuente oficial. Hay detalles que no están cerrados. Pero en Balcarce 50 confirmaron que “el plan apunta a legalizar la logística de las movilizaciones de los sindicatos, de los piqueteros o de los partidos políticos y por eso pediremos colaboración a la AFIP”.

También existe un proyecto, que iría en la misma línea, para multar a los ómnibus, generalmente escolares, que transportan militantes o afiliados de los sindicatos y que estacionan en lugares prohibidos.

“Hay que decirle a la Ciudad que les haga multas de montos altos. Si nosotros estacionamos mal, nos multan. Ellos pueden dejar el micro en cualquier lado”, ironizó un asesor de confianza de Macri. El dardo fue dirigido al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“No queremos tener una actitud persecutoria. Pero Micheli, de la CTA, dijo que esa central había pagado los micros, entonces le pediremos las facturas con las que se pagaron”, dijo una fuente oficial.

El jefe del Estado tomó las marchas de la CGT, docentes y el kirchnerismo como un desafío directo hacia su gobierno. Pero luego del contundente respaldo del 1-A quiere hacer valer ese poder.

 

fuente LA NACION

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