La Justicia dio ayer un paso al frente para avanzar con la investigación sobre posibles irregularidades en el sector aerocomercial. El juez federal Sergio Torres requirió documentación a un amplio arco de organismos públicos para comenzar con la causa que involucra a Mauricio Macri; su padre, Franco, y una decena de empresarios y funcionarios públicos, como el ministro Guillermo Dietrich.

En estas primeras medidas de prueba, Torres ordenó la entrega de documentación para profundizar información que consta en las denuncias realizadas por diputados kirchneristas, que incluyen desde el contrato por la venta de la empresa MacAir Jet -de la familia Macri- hasta las actas de las sociedades que pidieron nuevas rutas aéreas.

En este primer paso, el juez puso la semana próxima como plazo máximo para responder. Según la información que reciba, Torres determinará si requiere el resto de las medidas de prueba que pidió el fiscal Jorge Di Lello que incluye, en otras cosas, la suspensión del proceso que lleva adelante el Gobierno para asignar nuevas rutas aéreas, informaron fuentes judiciales.

El Ejecutivo ya suspendió temporalmente la entrega de esos tramos a Avianca, la compradora de MacAir. La firma deberá esperar que los organismos de control se expidan sobre posibles conflictos de interés al tratarse de una compañía que perteneció a los Macri.

En ese contexto, el juez Torres requirió a la Inspección General de Justicia la documentación de las empresas aéreas MacAir, Fly Bondi, Unicos Air, Patagonia SA, algunas de las compañías que solicitaron la explotación de nuevas rutas. También pidió a Avianca el contrato de compra de la firma de los Macri, con el convenio de confidencialidad incluido. En ese apartado consta, entre otros detalles, el monto de la operación.

Demanda en EE.UU.

Pese a las declaraciones públicas sobre la venta de MacAir Jet, los denunciantes sostienen que la empresa todavía continúa en poder de los Macri a través de Carlos Colunga, que sigue desempeñándose como gerente general de la firma, a pesar del cambio de manos. Colunga es un hombre de estrecha confianza de la familia, ya que fue el piloto personal de Franco Macri durante varias décadas.

El juez Torres, además, ordenó a Presidencia de la Nación información relativa a la demanda judicial que enfrenta la Argentina en Estados Unidos por el alquiler de un avión que utilizó Macri para viajar el año pasado a Colombia. La empresa Engage Aviation le reclama a la Argentina US$ 500.000 por el supuesto incumplimiento de un contrato.

Una vez que recolecte toda la información, el juez Torres deberá decidir si hace lugar a otras medidas de prueba pedidas por el fiscal, como por ejemplo la citación de Isela Costantini, ex CEO de Aerolíneas Argentinas.

fuente LA NACION

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