El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el juez Rodolfo Canicoba Corral . Pidió averiguar datos de su esposa, de dos sociedades (una panameña y otra uruguaya) supuestamente ligadas al pago de sobornos por un millón de dólares para favorecer al sindicalista de los obreros marítimos Omar “Caballo” Suárez , quien está preso por extorsión.

“Es totalmente falso. No es cierto nada de lo que se dice en esa denuncia. Es una típica operación de los servicios de inteligencia, o mejor de desinteligencia, porque todas las acusaciones son falsas”, aseguró Canicoba Corral ante la consulta de LA NACION.

La causa es atípica porque uno de los denunciantes, Alejandro Giorgi, enfrentado con Suárez en el SOMU, dijo que le falsificaron la firma y que él no denunció nada. Al mismo tiempo, el abogado que supuestamente lo patrocinaba en esa presentación está muerto desde hace un año.

El fiscal Di Lello entendió que debían investigarse las dos cuestiones: tanto el supuesto pago de sobornos al juez como la falsificación de la firma del denunciante.Por eso, le pidió al juez Claudio Bonadio que disponga algunas medidas de prueba.

Suárez está en prisión acusado de extorsión, lavado de dinero y como integrante de una asociación ilícita. Está procesado y en prisión preventiva dictada por Canicoba Corral por cobrar dinero a empresarios navieros para que sus barcos pudieran ingresar a los puertos y por desviar a una fundación propia sumas millonarias que estaban destinadas al sindicato.

La denuncia llegó por correo al Consejo de la Magistratura y sus miembros la remitieron a la Justicia. Aparece firmada por quienes dicen ser Alejandro Giorgi, Jorge Vargas y Rubén Moreira, todos ex compañeros de Suárez en la comisión directiva del gremio. Sin embargo, ninguno de los tres se hace cargo de ese escrito.

Cerca de ellos sospechan que en verdad la denuncia salió del riñón del propio Suárez. La denuncia señala que en diciembre de 2015, antes del cambio de Gobierno, Suárez acordó con Canicoba Corral la impunidad a cambio de un millón de dólares. Sostiene que el pago estuvo a cargo del abogado Jorge Amor y que se realizó delante de los testigos Juan Medina y Alfredo Barrientos, el ex tesorero del SOMU. Así surge del dictamen del fiscal al que accedió LA NACION.

La denuncia sostiene que el dinero habría sido depositado en Uruguay por la mujer del juez, Ana María Viviana Tejada, en una cuenta conjunta con María Yamila Tejada. “Que fue blanqueado en la compra de lotes para la sociedad panameña Leyra Co. Ltda. en Pueblo Nuevo, Maldonado, a la firma Solycor SA de Uruguay.” Supuestamente esa empresa aparece como dueña de la casa del juez, en Vicente López, y de otras propiedades en la ciudad de Buenos Aires, según la denuncia.

Canicoba explicó que efectivamente tiene unos lotes en Rocha, que los adquirió hace 20 años, no el año pasado, y que se los compró a Solycor en 60 cuotas. Dijo que no conoce a la empresa panameña y que los domicilios que aparecen en la denuncia son del padre de su esposa.

Di Lello promovió la acción penal y puso entre los imputados a los que aparecen en la denuncia, cuya firma sus autores desconocen. Pidió a Bonadio que averigüe los datos relativos a Leyra Co. Ltda. y Solycor SA, y que investigue a Ana María Viviana Tejada y María Yamila Tejada, además de las propiedades que la denuncia identifica como pertenecientes a Canicoba Corral.

Los opositores de Suárez, alentados por el moyanismo, anhelan tomar el control del SOMU, intervenido por orden judicial desde febrero de 2016.

Los protagonistas

Omar Suárez

Ex líder de los obreros marítimos

Está preso por extorsión y asociación ilícita. Les cobraba a los barcos para entrar al puerto y desviaba fondos del gremio para sus empresas navieras. Está presionando por el arresto domiciliario

Rodolfo Canicoba Corral

Juez federal

Encarceló a Suárez. Disidentes del gremio lo denunciaron porque dicen que cobró sobornos del gremialista. Canicoba Corral desmintió todo y dijo que buscan quedarse con el sindicato

fuente LA NACION

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