RÍO GALLEGOS.- Ante el fracaso de la toma de deuda en el mercado internacional, la provincia de Santa Cruz recurre ahora a la banca local. Se trataría de un préstamo por 900 millones de pesos que se encuentra en trámite de aprobación en el Banco Nación. El mal estado de las cuentas públicas de la provincia y la exigencia de litigar con la ley local frustraron los planes de tomar un empréstito externo de hasta $ 10.000 millones, según lo autorizado por la Legislatura provincial el año pasado y observado por la oposición.

Nada en Santa Cruz escapa de algún posible escándalo. Así fue la aprobación de la toma de empréstito, en junio del año pasado, cuando el kirchnerismo evacuó la Legislatura por la presencia de humo que ingresaba por las ventanas producto de una protesta, y aprovecharon el momento para votar la toma de deuda.

La maniobra fue denunciada por la oposición y el amparo está hoy esperando respuesta en el Tribunal Superior de Justicia.

Si bien en el Gobierno siguen el caso Santa Cruz, aseguraron que se mantiene el envío de fondos a la provincia, afirmaron que por ahora no están previstas nuevas transferencias en abril más allá de las que ya se realizaron. Voceros del ministro del Interior, Rogelio Frigerio , confirmaron que la provincia avanza en la toma de deuda con el Banco Nación.

En la madrugada del sábado, nadie durmió en la residencia oficial de los gobernadores. Tras los incidentes, que terminaron con destrozos en los jardines de la vivienda oficial y cinco heridos de bala de goma, se repitieron las llamadas de funcionarios de Interior y ya en la mañana hubo contactos telefónicos entre Alicia Kirchner y Frigerio.

“El diálogo con la provincia no se cortó nunca”, afirmó un vocero del ministro, y aseguró que la línea se mantiene abierta tanto con la gobernadora como con el vicegobernador, Pablo González. Analizaron que el problema con Santa Cruz es la convivencia de dos tipos de kirchnerismo: “El que gobierna y tiene la responsabilidad de la gestión y los que no gobiernan y endurecen el discurso”, en alusión a la ex presidenta y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

La toma de deuda y empréstito aparece como la única salida del laberinto que por estas horas transita Kirchner, que gobierna un estado construido a fuerza del empleo público como única alternativa. “Se pagan 86.000 sueldos entre provinciales y municipales”, aseguró la funcionaria. Desde 1991, la provincia es gobernada por el kirchnerismo, y cada gestión de gobierno siguió incorporando personal por cientos.

Hoy, la falta de circulación de los sueldos públicos impacta en toda la economía. Se corta la cadena de pagos y se restringe el consumo. Entre quienes cobran con atraso encontraron en la economía informal el único sustento de vida.

Sólo las localidades de la Cordillera, como El Calafate y El Chaltén, escapan a la lógica del empleo público, aunque el paro de los estatales también las afecta.

Días pasados fue la gobernadora quien se confesó con los médicos y profesionales de la Salud agrupados en Aprosa. Les dijo que la apertura de paritarias dependía de lograr la concreción de empréstitos para la provincia. Y les aclaró que no se podrán ofrecer aumentos salariales hasta que no ingrese un bono de 200 millones de dólares que la provincia está gestionando. También reconoció que la toma de empréstito que se viene gestionando desde 2016 no logra buenos resultados.

En Santa Cruz no sólo aún no se pagaron la totalidad de los sueldos de marzo, sino que sólo hubo una paritaria, la de los docentes, y la oferta apenas alcanzó el 3%.

Los gremios reclaman apertura de paritarias, en tanto que el gremio judicial solicita el cumplimiento de la paritaria aprobada en 2013, cuando se estableció un aumento automático cada febrero. Ahora el gobierno provincial quiere declarar ese aumento inconstitucional.

Detienen a policías jujeños

La justicia jujeña ordenó el arresto del ex jefe de la policía, del subjefe de la fuerza y del personal que actuó en el ingreso ilegal de la policía a la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy. Se los investiga por haber cometido los supuestos delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, entre otros.

fuente LA NACION

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