El juez federal Sebastián Casanello rechazó esta noche un pedido que le había hecho horas antes el Gobierno a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), para indagar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa denominada «ruta del dinero K» .
Fuentes judiciales manifestaron que no habría varias asociaciones ilícitas sino una sola, y de hecho así lo entendió el propio juez Claudio Bonadio al procesar a la ex presidenta como jefa de una banda y remitirle el caso a su colega Julián Ercolini, que la había procesado por la obra pública.
La UIF había reclamado hoy a Casanello la indagatoria de la ex presidenta, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , del ex secretario de Obras Públicas José López (detenido por enriquecimiento ilícito) y del ex Coordinador de la Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, entre otros en la causa «ruta del dinero K», al plantear que allí también funcionó una asociación ilícita destinada a cometer una «pluralidad de delitos», entre ellos el lavado de activos.
El pedido se hizo a Casanello en el marco de las indagatorias que dispuso sobre Báez, sus hijos y otros involucrados, en función de lo que había ordenado la Sala II de la Cámara Federal para orientar la causa a la vinculación entre la «ruta del dinero» y la concesión de obra pública durante el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales.
Pero por la noche, según una resolución a la que accedió DyN, Casanello rechazó el planteo de la UIF «porque la pretensión busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado y sobre los cuales su titular ya se ha expedido, no sólo en torno a la procedencia del acto de defensa, sino también a la verosimilitud de la acusación al dictar el auto de procesamiento».
Casanello sostuvo que «el riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado».
Pero además Casanello sostuvo que el delito de «asociación ilícita» implica una banda que «se encuentra destinada a cometer delitos indeterminados, con lo cual mal puede pretenderse que existan dos asociaciones distintas pero integradas por las mismas personas en un mismo periodo temporal» y «es claro que en este caso estamos hablando de una misma asociación».
Incluso, el juez afirmó que tampoco puede aceptarse el pedido de la UIF porque ni el dictamen de Marijuan, al que aludía la UIF, «contiene solicitudes de indagatorias ni describe siquiera aquellas conductas ni coincide en el listado de imputados».
El 10 de marzo pasado la Cámara Federal frenó el envío a juicio oral y público del detenido empresario Báez y de otros acusados en la causa por lavado de dinero, al señalar que antes de dar ese paso se debe ampliar la imputación sobre las obras públicas que su grupo económico recibió durante el kirchnerismo.
Los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah y Martín Irurzun, hicieron lugar a un planteo de la UIF para que no se eleve a juicio parte de la investigación en la que Báez está preso desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza.
A criterio de los camaristas, era «inconveniente» y «hasta riesgoso» que Báez fuera enviado a juicio oral porque en el expediente se debe especificar qué parte de la hipótesis de ese lavado provino de las obras públicas que recibió.
Por la concesión de obra pública, el juez Julián Ercolini procesó como jefa de asociación ilícita a la ex presidenta Fernández e incluyó en esa nómina a De Vido, López y Santiago Kirchner, entre otros.
Recientemente el juez Claudio Bonadio también procesó a la ex mandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner como jefes y organizadores de una banda, que también integraron Lázaro Báez, sus hijos y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en la causa llamada «Los Sauces».
Es que en los tribunales se entiende que el caso todo fue parte de una misma maniobra: en una causa la concesión de la obra pública, en otra el lavado de dinero por los fondos recibidos (ruta del dinero) y un tercero que analiza el retorno de esos beneficios («Los Sauces»).
Como se presupone que todo se unificará en un mismo debate oral -aunque aún debe pronunciarse la Cámara Federal en la revisión de dos procesamientos de «Los Sauces» y obra pública-, la UIF entendió que había que reforzar las sospechas sobre la ex presidenta en el caso del lavado de dinero donde fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan pero nunca llamada a indagatoria.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Relacionados
Explicaciones del Gobierno Nacional para pagar en cuotas jubilaciones
Nuevo dueño para Ayudín
¿Contra la CASTA? Senadora de Libertad Avanza mete a la familia al Senado