Con sabor amargo dejó en el Gobierno la presentación del plan fiscal con metas y objetivos que presentó el gobierno de Santa Cruz. La gobernadora Alicia Kirchner se comprometió a congelar los sueldos de los trabajadores de la provincia por un año y a ejecutar un programa para bajar el déficit fiscal para 2022.

Nada dice el proyecto sobre temas clave para el Gobierno, como poner fin a la ley de lemas, que le permitió a la hermana y cuñada de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner sumar los votos de Daniel Peralta para derrotar al radical Eduardo Costa, o la reforma de la caja jubilatoria. Tampoco hace referencia a no incorporar más empleados al Estado provincial.

Así, el plan, condición necesaria para alcanzar acuerdos que le permitan a Alicia Kirchner contar con dinero fresco para paliar la grave crisis política y social que atraviesa su distrito, fue escaso. Si bien desde la Casa Rosada anticiparon que está en “evaluación”, según pudo saber LA NACION, en el gobierno nacional esperaban “definiciones más concretas” sobre el plan para sanear las complicadas cuentas provinciales.

En el Gobierno sorprendió la fecha para cumplir la meta, 2022, ya que el mandato de Alicia Kirchner finaliza en 2019. Lo cierto es que esperaban ver en el papel alguna mención sobre cómo se utilizaron los fondos que el Estado nacional ya envió a la provincia.

“Plantean que van a hacer el ajuste sin dar aumento de sueldos… Queremos que abran las cuentas. Hasta ahora ocultaron toda la información”, se quejaron fuentes oficiales. En la hoja de ruta que quiere llevar adelante el Gobierno aparece el envío de una misión técnica para revisar los números en Santa Cruz.

La respuesta del Gobierno podría darse mañana. Hasta entonces no habrá novedades sobre dos asuntos de suma importancia para la tranquilidad en el distrito: el crédito del Banco Nación solicitado por la provincia, en principio unos $ 900 millones, pero que podría ser menos, dado el “riesgo crediticio” y la conformación de una mesa de diálogo con los principales actores políticos de Santa Cruz (serían invitados los jefes de los bloques del FPV, PJ y la coalición que encabeza la Unión Cívica Radical).

“La mayoría de las metas de gastos que incluyeron son incumplibles. Ahora estamos analizando qué es lo más realista en base a lo que enviaron y ver cuáles son las necesarias y que puede financiar la Nación”, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

El Gobierno busca presentarse como un facilitador en una mesa multipartidaria de la que salga un acuerdo en el que todos los actores políticos del distrito estén dispuestos a pagar el costo político que deberán asumir para ordenar el rojo provincial. En marzo, el gasto en salarios fue de 1137 millones de pesos y en jubilaciones, 550 millones. Además, el Gobierno espera que Santa Cruz le diga cómo va a refinanciar los 7500 millones de pesos que le debe al Estado nacional.

El compromiso del gobierno provincial, a través del ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Donnini, y su par de Producción, Leonardo Álvarez, fue que presentarían el proyecto de readecuación fiscal el último viernes, pero se demoró varios días; finalmente llegó anteayer a la Casa de Gobierno.

Aunque cerca del presidente Mauricio Macri hicieron una primera valoración negativa sobre lo que presentó Alicia Kirchner, aún esperaban algún ajuste de último momento. “Pudo haber una mala interpretación de lo que se esperaba”, dijeron fuentes oficiales.

La provincia, que administra el kirchnerismo de forma ininterrumpida desde hace 26 años, presenta un déficit fiscal actual de más de 5000 millones de pesos y en los últimos meses recibió adelantos de coparticipación por parte de la Nación para pagar salarios.

El primer paso para comenzar una nueva etapa en la relación con el gobierno de Santa Cruz todavía fue insuficiente para la administración de Mauricio Macri. El Gobierno aún espera más.

fuente LA NACION

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