La obsesión de Mauricio Macri por reducir el gasto y reordenar las erogaciones con fondos públicos condujo a un hecho inédito. Por primera vez en la historia, el Gobierno confeccionará una gigantesca base de datos en la que constarán en detalle el perfil, el salario, la afiliación gremial y el compromiso con el trabajo de cada uno de los empleados del sector público nacional, que reúne a 740.000 empleados. La administrará el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.

El objetivo de la norma es más ambicioso, ya que contempla sumar a las provincias y a los municipios, de manera que las nuevas medidas tienen el potencial de alcanzar a unos cuatro millones de trabajadores. Con esa cifra, el Estado es el mayor empleador del país. Así surge del decreto 365, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y ordena la creación de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP). La norma lleva las firmas de Macri; de Ibarra (algo así como el gerente de recursos humanos del Estado); del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La búsqueda para sumar información con respecto a los recursos humanos en el sector público se origina en una carencia. Hoy no existen estadísticas confiables sobre ese punto. Por ejemplo, es imposible conseguir números que permitan explicar cuál fue el ausentismo en una fecha determinada o bajo qué modalidad están contratados los empleados públicos.

Los ministerios serán los encargados de facilitarle la información a Ibarra. Tienen tres meses. Quienes no lo hagan pagarán el precio del incumplimiento con sanciones incómodas. Entre ellas, no podrán contratar personal, acceder a modificaciones presupuestarias (el mecanismo previsto para redireccionar partidas de una cartera a otra) y hasta frenar los pagos a cierto tipo de trabajadores.

Aunque el objetivo es alcanzar a toda la administración pública, el primer paso contemplará al personal civil y a los trabajadores de organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional, que suman 210.000 personas en el entorno de Presidencia y de los ministerios, principalmente.

Los miembros del gabinete deberán remitir información sobre 43 puntos. Algunos de ellos son curiosos. Por caso, Modernización quiere saber el nivel de estudios y los títulos de los empleados públicos, los datos presupuestarios del cargo, su afiliación sindical, sus licencias médicas o de otro tipo, las no usufructuadas, si tuvo ausencias injustificadas, su evaluación de desempeño, si tiene otros empleadores y cuál es el grupo familiar a cargo.

En febrero y marzo, Modernización dio talleres de capacitación a los primeros 105 directores responsables de realizar esos envíos.

Fuentes cercanas a Ibarra sostuvieron que la creación del BIEP busca convertirse en “la fuente para la implementación de políticas de recursos humanos a largo plazo, servirá para el desarrollo de investigaciones de empleo con cifras exactas” y les permitirá “responder a la demanda de recursos de los organismos de manera eficiente”.

Una vez en marcha, la base se va a nutrir de la información suministrada por el sistema de liquidación de haberes del Ministerio de Hacienda (Sirhu), el Sistema de Administración de Recursos Humanos (Sahra), el módulo de Legajo Único Electrónico (LUE) del Sistema de Gestión Documental Electrónica y la información brindada por otros organismos.

En parte, la iniciativa de Modernización retoma la idea de crear un Registro Único de Empleo Público, que la Jefatura de Gabinete intentó implementar en 2009, pero no trascendió. El resultado, según la administración de Macri, fue muy malo: en una era en la que domina la informática, el país no tiene una base de datos 100% exacta que cuente con información tan básica como la cantidad de empleados públicos.

Modernización sostiene, además, que la nueva base se usará para definir la carrera de cada empleado. Semanas atrás, esa cartera puso en marcha un plan formativo obligatorio para los empleados de la administración pública, que deberán estudiar si quieren ascender en el escalafón.

Ibarra también dispuso días atrás nuevos mecanismos para controlar la asistencia al trabajo por parte de los empleados. Para eso, todos los ministerios deberán tener sistemas biométricos de control de acceso en no más de 12 meses.

Mayores controles

Base de datos: El Gobierno quiere saber con exactitud quién trabaja en el Estado y cuál es el perfil de cada empleado.

Control: Los ministerios deben remitir los datos a Modernización en no más de tres meses. Desde allí se analizarán para elaborar el plan de carrera de los empleados públicos.

Ausentismo: El Gobierno dispuso en el último tiempo varios cambios que modifican la vida de los empleados públicos. Entre ellos, intensificó los controles por ausentismo.

Formación: Modernización lanzó un plan para formar a los empleados públicos, que deberán estudiar para crecer en la carrera.

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