Dinero (mucho) en “negro”, sin recibos ni origen comprobable. Deficiencias en un control que tarda demasiado tiempo en cumplir sus objetivos y pena a destiempo las irregularidades. Prohibición del aporte empresario que, al fin y de manera poco ortodoxa, termina haciéndose efectivo.

Son éstas algunas de las principales deficiencias que el Gobierno reconoce en la vigente ley de financiamiento de los partidos políticos y que pretende subsanar a partir de una ley que demandaría mayorías especiales en el Congreso. Como los tiempos políticos se aceleran, la Casa Rosada evalúa instrumentar algunas modificaciones en las próximas semanas vía decreto, sobre la base de las recomendaciones que un grupo de organizaciones de la sociedad civil planteó a través de un borrador, que ya llegó al despacho del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

Exenciones del impuesto a las ganancias para aquellas contribuciones a las campañas que se hagan a través de transferencias electrónicas y una distribución “más objetiva” del dinero que el Estado destina a los partidos políticos son algunas de las recomendaciones que las ONG Cippec y Poder Ciudadano hicieron llegar ayer al Ministerio del Interior, según pudo saber LA NACION. También se aconseja que la justicia electoral facilite el acceso a los aportes de campaña de manera más rápida, casi de manera simultánea con el desarrollo del calendario electoral.

Desde el Gobierno insistieron en que se priorizarían, por cierto, las iniciativas más sencillas para llevar adelante por vía de resoluciones o decretos, sin necesidad de aprobar una nueva ley, que el oficialismo piensa llevar al Congreso con un espíritu similar.

En el Gobierno aplaudieron la mayoría de las recomendaciones del borrador, aunque se mostraron cautos con relación a los tiempos. “Apostamos a la transparencia, que es un problema en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos hay problemas con el financiamiento de las campañas”, afirmaron cerca del secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que tendrá bajo su análisis los decretos una vez que se afine su instrumentación.

En el Gobierno no hay consenso acerca de la celeridad con la que podrían instrumentarse las reformas. Clusellas, por ejemplo, cree que “no es lógico cambiar las reglas en medio de una campaña electoral”, aunque desde Interior confían en que “algunas modificaciones menores”, como la devolución del IVA a los aportes bancarizados para incentivarlos, pueden efectivizarse en un lapso más corto y aplicarse en las legislativas de agosto y octubre. Desde Cippec se mostraron confiados en que “estas modificaciones abran el debate para una nueva ley y que no la terminen reemplazando”.

El Gobierno coincide con las organizaciones civiles en la necesidad de luchar contra el dinero en negro como fuente principal de financiamiento de las campañas. “La mayoría del dinero que financia las campañas es en efectivo. Y es absurdo que se prohíba el aporte empresario”, coincidieron en un despacho importante de la Casa Rosada y el Cippec, cuyo encargado de presentar la propuesta fue un equipo coordinado por Nicolás Cherny.

La discusión sobre los tiempos que demanda el control de los gastos de campaña también es prioritaria para el Gobierno. “No puede ser que la campaña de 2007 todavía esté sin resolución judicial”, afirmaron cerca de Pérez, en crítica a los fondos con los que se financió Cristina Kirchner para acceder a la presidencia ese año. De todos modos, la Justicia también tiene bajo la lupa la rendición de fondos de las campañas presidenciales de Mauricio Macri y Daniel Scioli, que disputaron la segunda vuelta electoral en noviembre de 2015.

Permitir los aportes empresarios (aunque sea en un porcentaje mínimo) es otra de las metas compartidas por las organizaciones y el Gobierno. “¿Por qué un empresario no puede poner dinero, si proviene de un origen lícito?”, preguntó a LA NACION un alto funcionario.

fuente LA NACION

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