En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000 pensiones por invalidez. Este beneficio lo pueden recibir las personas con un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.
Según pudo conocer LA NACION,el entrecruzamiento de bases de datos precisó que 7000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de invalidez que requiere el decreto 432/97.
La norma contempla que el Estado puede suspender o cancelar la prestación cuando el beneficiario no cumple con los requisitos. En este caso, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, explicó a LA NACION que esas 70.000 prestaciones se suspendieron preventivamente.
Además de un monto económico, el beneficio incluye el acceso a la cobertura de salud. La ejecución del pago queda a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que recibe el listado de beneficiarios del ministerio que está a cargo de Carolina Stanley . En este caso, la Anses no audita ni da altas o bajas. Badino insistió: «Las suspensiones no significan que los beneficiarios dejan de recibir asistencia de salud».
Uno de los requisitos para acceder a la pensión es «no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna». Sin embargo, el 30% de los titulares de las pensiones que están suspendidas tiene una pareja con alguno de las ayudas enumeradas.
El 8% -o sea, 5600- no posee una incapacidad del 76% para trabajar. Esto contradice uno de los requisitos del decreto. Hay registros que indican que hay beneficiarios con menos de un 66% de invalidez.
Un 10% tiene empleo en blanco y había omitido informarlo, según surgió al cruzar las bases de datos. Para recibir la pensión, quien la solicita «no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia».
Al 3% se le detectó que era propietario de automóviles con dos o tres años de antigüedad u otros bienes.
