El gobierno porteño, en sintonía con la Casa Rosada, acusó ayer al kirchnerismo y a grupos piqueteros afines por los graves incidentes que anteayer provocaron la represión policial en la avenida 9 de Julio y denunció ante la justicia federal a los principales referentes de la protesta.
«La violencia no la vamos a permitir. Son resabios del pasado, gente que quiere volver atrás. La gran mayoría no quiere esto hoy»
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño
No alcanzó con el cambio de política del gobierno porteño, que ante la amenaza de disturbios y la falta de respuesta pasó de la pasividad a la acción. Ahora, la decisión política es ir a fondo. No habrá instancias de negociación con aquellos que busquen alterar el orden público, por lo menos con aquellos que tengan como fin el descontrol, según aseguran desde el gobierno porteño.
«En su mayoría son organizaciones muy cercanas al kirchnerismo», dijo ayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe comunal además destacó que varios de ellos trabajaron en el gobierno de Cristina Kirchner.
El gobierno porteño denunció ayer a 12 personas por intimidación pública y organización para cometer delitos, es decir, asociación ilícita. Los acusados son Alejandro «Coco» Garfagnini, líder de la Tupac, ex empleado del Ministerio De Desarrollo Social; Juan Pablo Odezaile, de la Corriente de Militancia Popular, ex subsecretario de capacitación popular del Ministerio de Desarrollo Social; Eduardo Montes, de Cooperativa Gráfica Patricios, integrante de La Cámpora -supuestamente cercano al diputado camporista Andrés Larroque- y ex empleado del Ministerio de Trabajo, y a Fernando Gómez, de JP Descamisados.
Además, los ocho detenidos de anteayer -siete mayores y un menor, entre ellos Maximiliano Godoy, que tiene antecedentes por un robo en grado de tentativa-, que ya recuperaron su libertad y que, según declararon, pertenecen a la agrupación Quebracho.
Garfagnini -mano derecha de Milagro Sala-, que tuvo el rol de negociador, es dueño de la camioneta que trasladó los 14 millones de pesos que la Cooperativa Pibes Villeros desvió de un plan de viviendas en Jujuy. «Posiblemente también fue por este tema», deslizó un integrante del gabinete nacional.
«Fue una protesta política, motivada por el kirchnerismo; vimos gente con la cara tapada al frente de la protesta, sin voluntad de diálogo»
Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social
La investigación quedó en manos del juez federal Sergio Torres. Según informaron fuentes judiciales, el magistrado aún está esperando el sumario policial para avanzar con la pesquisa.
«Puede que esto [por los piquetes] vuelva a ocurrir, pero nuestro compromiso con la gente es que este tipo de acciones no queden impunes», dijo a LA NACION el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo.
Desde la Casa de Gobierno y la sede de la Jefatura de Gobierno porteña también reclamaron a la Justicia celeridad y acción frente a este tipo de hechos. Y se mostraron sorprendidos porque en este caso no se aplicó la ley de flagrancia que establece un procedimiento rápido que impide que liberen inmediatamente a los detenidos desde la comisaría, sino que tienen que hacerlo desde el juzgado.
«Hasta ahora los jueces no nos dieron mucho respaldo con este tipo de cuestiones. Fueron poco proclives a jugarse. Esperemos que eso cambie», dijeron fuentes oficiales.
«Estaba todo armado para generar una situación de violencia. Nuestra decisión política es que esta conducta se tiene que desalentar»
Martín Ocampo, ministro de Justicia porteño