Un muerto que vota, decenas de personas distintas que firman con idéntica caligrafía y afiliados con números de documento que el Estado todavía no asignó.

Los registros de la última asamblea para renovar las autoridades en el gremio de los canillitas estuvieron plagados de falsedades, de acuerdo con una investigación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que ayer procesó al líder del sindicato, el diputado nacional Omar Plaini, y lo suspendió como secretario general. Además, ordenó la “intervención” del gremio por parte del Ministerio de Trabajo.

“Es una persecución política”, dijo anoche Plaini en una conferencia de prensa improvisada en la puerta del sindicato. “El juez no tiene competencia para intervenir”, acusó.

Martínez de Giorgi firmó su fallo a primera hora de ayer y ordenó dos allanamientos: uno en la sede del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires (Sivendia) y otro en el estudio jurídico de un abogado del sindicato.

La sede de Sivendia es en Venezuela 2365. De allí, la Gendarmería se llevó pilas de documentos, incluidos biblioratos con listados de afiliados, padrones electorales y fichas de afiliación. También, una urna cerrada que tenía adentro carnets a medio llenar. “Vamos a investigar de qué se trata porque en diciembre estaba previsto que hubiera elecciones de nuevo”, dijo a LA NACION un funcionario vinculado a la investigación.

El juez dispuso además el “franjado” de las computadoras.

La asamblea que está bajo sospecha tenía como objetivo constituir la junta electoral que renovaría las autoridades para el período 2013-2017. Se celebró el 25 de julio de 2013. En aquel momento, Plaini era opositor al kirchnerismo y candidato a diputado nacional como parte de la alianza entre Hugo Moyano -con quien tenía una relación muy estrecha- y Francisco de Narváez. Fue así como llegó al Congreso. Pero en 2015, tomó distancia de Moyano y volvió al kirchnerismo. Plaini apostó por la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Hoy, es hombre de Unidad Ciudadana, la agrupación de Cristina Kirchner.

Martínez de Giorgi lo procesó ayer por el presunto delito de “uso de documento público falso”. Ese documento es el registro de asistencia a la asamblea con el que quiso “engañar” al ministerio, según el juez. El magistrado le trabó además un embargo de $ 200.000.

Junto con Plaini fue procesada la escribana María Emilia Rodenas, acusada del delito de “falsedad ideológica de instrumento público”. Ella estaba en la asamblea y firmó los documentos.

Martínez de Giorgi declaró en cambio la “falta de mérito” de otros seis directivos del gremio, que no quedaron procesados pero seguirán bajo investigación. Según Plaini, la diferencia en el trato entre sus compañeros y él es otra prueba de la “persecución”.

Las pruebas centrales contra Plaini incluyen un peritaje de la División Scopometría de la policía y un informe del Registro Nacional de las Personas. Los acusados cuestionaron el peritaje porque se hizo sobre fotocopias, pero el juez advirtió que el original lo tenían ellos y no lo quisieron entregar.

La denuncia que motivó la causa la presentó en 2013 el apoderado de una lista contraria a la de Plaini. La asamblea fue extraña desde el principio. A pedido de la oposición, el Ministerio de Trabajo había ordenado suspenderla, pero Plaini hizo “caso omiso”. De todos modos, la Cámara de Apelaciones del Trabajo convalidó esa asamblea. Dijo que la suspensión no había quedado firme y que se había dispuesto sin escuchar a todos.

Ahora, el ministerio deberá designar a uno o más funcionarios para que “normalicen” el gremio y convoquen a una nueva asamblea para renovar autoridades.

fuente LA NACION

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