El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación y hoy diputado Julio De Vido, acusado de un gigantesco desvío de fondos vinculados a la minera de Río Turbio.

También pidió la detención de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio y hombre de estrecha confianza de De Vido.

Ambos fueron responsables -de acuerdo con el dictamen de Stornelli- de un fraude contra el Estado de al menos 264 millones de pesos. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar produciendo ya 2.000.000.

El dictamen de Stornelli advierte que el complejo minero “tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado” y “produce un 85% menos que lo establecido”, pero no obstante “posee un 233% más de personal”. Ayer por la tarde, De Vido denunció una “persecución en su contra” y el presidente Mauricio Macri dijo que Cambiemos votará el desafuero.

Stornelli pidió que, además de De Vido y Baratta, 22 personas más fueran citadas a indagatoria. La lista incluye a funcionarios que dependían del ministro de Planificación, como el ex secretario de Minería Jorge Mayoral; el actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio), y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Héctor Brotto.

Será ahora el juez Luis Rodríguez quien decida si hace lugar al pedido del fiscal. No tiene trabas para citar a indagatoria a De Vido, pero no puede arrestarlo sin el previo desafuero.

Hay un mal antecedente para el ex ministro. El año pasado, en el marco de otra causa del mismo juez, sin que el magistrado lo pidiera, Diputados autorizó el allanamiento de la casa de De Vido.

La UTN

De acuerdo con Stornelli, la Universidad tuvo un rol clave. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y una fundación de la UTN firmaron 453 convenios y 90 adendas. La sospecha es que se creó ese andamiaje legal para no hacer licitaciones públicas y posibilitar así el desvío.

“Pusieron esa casa de altos estudios al reprobable servicio de una triangulación de operaciones con el objeto de eludir la normativa de contrataciones públicas, convirtiendo la facultad en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT, para a su vez subcontratar, tras fundarla, la fundación de la facultad y así hacerse del 21% del total de los contratos, encareciendo los servicios pagados por el Estado.”

De acuerdo con el fiscal, el convenio con la UTN fue un “convenio pantalla” que no sólo permitió elegir a los contratistas; también, hacerse de ese 21% de comisiones. Y a eso se suman las presuntas “sobrevaloraciones presupuestarias”.

Pero eso no es todo. El estado del complejo demuestra que no hubo un plan estratégico ni se ajustaron los trabajos a un calendario y que, a pesar de eso, nadie pidió las debidas explicaciones. Los funcionarios involucrados -afirmó el fiscal- estaban “obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública”, pero “comprometieron al Estado” a aportar sumas millonarias, que se adjudicaron de forma directa y permitieron así que se “desviaran casi 265 millones” de pesos.

Según el fiscal, “resulta inverosímil” que toda la maniobra respondiera “a la decisión individual de un secretario de Minería”.

Stornelli sostuvo que De Vido, Baratta, Mayoral y el ex coordinador general Jaime Álvarez eran todos “garantes de la protección del patrimonio público”, pero “autorizaron las transferencias” del dinero a YCRT y después “incurrieron en la omisión de realizar los controles”.

Stornelli citó en su dictamen al nuevo interventor de YCRT, que había relatado que “al momento de asumir el cargo las estructuras y adyacencias del yacimiento y los servicios ferroporturarios se encontraban en estado de abandono a pesar de que entre 2005 y 2015 ambos establecimientos, junto a la central térmica, recibieron la suma de 26.000 millones de pesos y en los últimos años el gasto se estimó en 10.000 millones”.

Rodríguez debe decidir ahora si hace lugar a parte o todo lo pedido por el fiscal. No tiene plazo para resolverlo.

fuente LA NACION

Comments

comments