La decisión de los diputados oficialistas está tomada: no procederán contra el ex ministro de Planificación y actual diputado kirchnerista Julio De Vido hasta que el juez federal Luis Rodríguez, que lo investiga por el presunto desvío de fondos vinculados a la minera de Río Turbio, defina sobre el pedido de desafuero que formuló el fiscal Carlos Stornelli.

De mediar esta solicitud, se descuenta que la Cámara reunirá los dos tercios de los votos y procederá al desafuero en corto tiempo. El kirchnerismo, con 75 miembros, no reúne las voluntades suficientes para proteger al ex ministro.

Ahora bien, ¿qué sucedería si, contra lo esperado, el magistrado denegara el pedido del fiscal? “En ese caso, voy a impulsar la expulsión de De Vido de la Cámara -sentenció la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió-. Hace un año presenté un proyecto, voy a pedir que se trate.”

Sergio Massa no quiere ser menos. “No sólo vamos a votar el desafuero de De Vido si es que lo pide el juez, sino que tenemos un proyecto presentado hace un año pidiendo su desafuero. Si no aparece el pedido de la Justicia, podemos tratar el proyecto del Frente Renovador”, enfatizó el candidato a senador por Buenos Aires, el líder del Frente Renovador.

En rigor, lo que el bloque massista presentó hace un año fue un proyecto de ley para reglamentar las inmunidades de los legisladores, no un pedido de exclusión de De Vido de la Cámara. Los únicos proyectos en ese sentido son los que presentaron los diputados Carrió, Silvina Lospennato (Cambiemos), Eduardo Costa (Cambiemos) y Soledad Sosa (Frente de Izquierda).

La exclusión de un diputado o de un senador del cuerpo puede producirse por medio de dos mecanismos. Uno, cuando un juez solicita expresamente su desafuero a la cámara respectiva y ésta se lo concede con los dos tercios de los votos de los legisladores presentes.

El segundo mecanismo, consagrado en el artículo 66 de la Constitución nacional, faculta a cada cámara parlamentaria “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”. En dicho artículo se permite “removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”.

En buen romance, un diputado o un senador puede ser expulsado de la cámara respectiva si sus pares, con los dos tercios de los votos, consideran que incurrió en una conducta impropia. Estas conductas están tipificadas en los reglamentos de ambas cámaras: allí se hace referencia a alusiones irrespetuosas, imputaciones de mala intención o móviles ilegítimos, insultos y expresiones ofensivas.

En la Cámara de Diputados hay al menos dos antecedentes de expulsión por desorden de conducta. Uno de ellos fue el ex diputado nacional Ángel Luque (PJ-Catamarca), separado de la Cámara baja en 1991 como consecuencia del escándalo por el asesinato de la joven María Soledad Morales. Otro caso es el de Norma Godoy, diputada menemista expulsada en 2002 por declaraciones recargadas de improperios hechas ante una cámara oculta de un programa televisivo.

“De Vido tiene antecedentes más pesados que ameritan su exclusión: está procesado en al menos cuatro causas y fue enviado a juicio oral por el accidente ferroviario de Once”, enfatizó Carrió.

Además de los procesamientos, el ex ministro de Planificación kirchnerista afronta más de 130 imputaciones en la Justicia, indicó la diputada Lospennato. “Enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito; lavado de dinero; sobreprecios en obras públicas en Santiago del Estero; irregularidades en la importación de gas licuado; irregularidades en el programa de viviendas Sueños Compartidos; irregularidades en la renegociación de Cerro Dragón, y otras tantas”, indicó.

Si bien es cierto que la Constitución nacional habilita la expulsión de un legislador por desorden de conducta, la pregunta es si los diputados se atreverán a adoptar esta vía si el juez Rodríguez finalmente deniega el pedido de desafuero del fiscal Stornelli.

“Si el juez lo rechaza, difícilmente vamos a poder nosotros avanzar por cuenta propia”, opinan algunas voces escépticas. Otras, en cambio, insisten en que los antecedentes de De Vido son de tal envergadura que la Cámara debería tomar una decisión aun sin mediar el pedido de un juez.

fuente LA NACION

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