“Gómez, con esta copia te podés quedar tranquilo en tu trabajo. De acá en más sigue la causa penal contra el partido por falsificación de firma. Pero la causa sigue sola, vos no tenés que hacer nada.” Cincuentón, el corpulento policía que recibe la explicación mira incrédulo a la empleada del juzgado electoral de La Plata. “Hay miles de casos iguales, esto es un desastre”, insiste la joven, sin abandonar la sonrisa, como si quisiera tranquilizar al uniformado. No queda claro si resopla o suspira, pero Gómez da media vuelta y se va. Detrás de él llegan más policías.

Antes de entrar en feria, el juzgado electoral platense de Juan Manuel Culotta realizó unos 3000 trámites de desafiliación a partidos políticos. En sólo diez días. La mayoría fueron policías y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, que por ley no pueden estar afiliados y que hace dos semanas fueron alertados de esa prohibición por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero no fueron los únicos.

La abogada que llamó a LA NACION no pertenece a una fuerza de seguridad. Tampoco su marido ni sus dos hijos. Pero alertados por conocidos, decidieron asomarse en la página https://www.padron.gov.ar/cne_afiliados/. Todos aparecieron registrados en un partido político.

El sitio web del Poder Judicial no informa qué partido, para evitar que alguien, con sólo tener el DNI, pueda averiguar la filiación política de un tercero. Sólo es posible saberlo si se acude a la secretaria electoral de cada distrito, donde se archivan las actas de afiliación que los partidos actualizan año a año.

La abogada y su familia fueron hasta el juzgado electoral porteño de María Servini de Cubría. Descubrieron que estaban afiliados al partido Bandera Vecinal. También vieron las fichas. “¡Era mi firma! ¡Era igual! ¡Pero era falsa!”, clamó la abogada. Pidió, por temor, que no se difunda su nombre.

Según publicó el canal TN, ocho millones de argentinos estarían afiliados a algún partido. Uno de cada cuatro votantes. En los juzgados electorales de Capital y La Plata indicaron a LA NACION que la cantidad de afiliados truchos es proporcional al tamaño de los partidos.

La ministra Patricia Bullrich le dijo a TN que, tras un cruce de datos, descubrieron que 5683 integrantes de las fuerzas de seguridad federales y provinciales habían sido afiliados “de prepo”. El es grupo que abarrotó los tribunales estos días.

Los uniformados están obligados a decir que fueron afiliados “de prepo”, porque la ley les prohíbe estar afiliados. En otras palabras, y según explican en los juzgados electorales, los policías no pueden sólo desafiliarse (incluso quienes admiten en privado que se habían registrado voluntariamente en el pasado a un partido), sino que deben denunciar como falsa su afiliación, para evitar una sanción disciplinaria.

“Acá dice que me afilié a la UCeDé en 1985. En esos años estaba en la Facultad de Medicina. Y… puede ser”, duda el agente del Servicio Penitenciario que, en el juzgado electoral de La Plata, pasa después de Gómez. Pero él también denuncia.

Para quien sólo desea desafiliarse, puede hacerlo por telegrama gratuito, sin acudir al juzgado. Pero así no podrá saber cuál era “su” partido ni denunciar la adulteración de su firma en la ficha de afiliación.

En cambio, la denuncia activa una causa penal por falsedad ideológica de instrumento público, que apunta al apoderado del partido o a los “delegados certificantes”, como se conoce a los militantes que se dedican a “juntar” afiliados todos los años. En provincia y Capital, por caso, los partidos necesitan un mínimo de 4000 afiliados para existir.

Eso sí: las causas que pasan al fuero penal no parecen dejar huella. Ningún funcionario judicial consultado por LA NACION pudo recordar una condena a un partido por afiliados falsos. Todo pasa.

fuente LA NACION

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