El Gobierno removió ayer por decreto al director del Banco Central (BCRA) Pedro Biscay por “mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sólo unas horas después de que una comisión bicameral del Congreso emitiera un dictamen por mayoría recomendando el despido, porque “las actitudes del mencionado director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y afectan la legalidad y los objetivos constitucionales del mismo”.

De fuertes vínculos con el kirchnerismo, Biscay fue designado como director en agosto de 2014 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y tenía mandato (aprobado por el Senado) hasta 2019. Por esta razón, su remoción generó controversia, en parte porque el Gobierno apeló para lograrla al mismo mecanismo al que recurrió en 2010 la presidenta Cristina Kirchner para echar al entonces presidente del BCRA, Martín Redrado, aunque por negarse a aumentar el límites de reservas para pagar la deuda pública.

Se trata del artículo 9° de la Carta Orgánica, que concede al Ejecutivo la posibilidad de avanzar en “la remoción de los miembros del directorio cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, siempre que se cuente para ello “con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación, presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma, y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados”.

Con ese formalismo había cumplido anteayer tras obtener votos a favor de la remoción de los oficialistas Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, aunque los senadores opositores Juan Manuel Abal Medina y Eduardo Aguilar lo rechazaron por juzgar que no había motivos suficientes.

El juicio de esa comisión considera que “las declaraciones públicas hechas” por Biscay, un habitual crítico de las políticas del Gobierno, “no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable”. Pero para Abal Medina ese argumento es inválido: “No hay norma que impida que un director diga algo que no coincida con la línea del banco”, dijo ayer.

El decreto 571/2017 de remoción fue publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Allí argumenta que su desplazamiento fue decidido por afirmaciones de Biscay “que ponen en riesgo los objetivos establecidos en la Carta Orgánica del BCRA, particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera”. Alude a numerosos artículos que el ahora ex funcionario había publicado y a expresiones en que incurrió por distintas redes sociales. Pero se ataja: “No se trata de una afectación de su libertad de expresión (…), pues con tal criterio se podría sostener que también deberían violarse los secretos de Estado o publicarse elementos de la vida privada de las personas -protegidos por las normas constitucionales”.

El criterio oficial fue respaldado por ex autoridades del BCRA consultadas ayer por LA NACION. “Si se lo hubiera echado o removido sólo por pensar críticamente, habría estado mal. Pero publicar artículos críticos y eventualmente riesgosos para la estabilidad financiera siendo miembro del directorio constituye una clara falta de ética. Lo que debe hacer un director es manifestar sus opiniones en el seno de ese cuerpo y no afuera. Y en última instancia, renunciar para poder opinar en público. Desde este punto de vista está bien removido”, juzgó Martín Lagos, quien se desempeño como vicepresidente del BCRA entre octubre de 1996 y abril de 2001.

En igual sentido, Mario Blejer, presidente del BCRA entre enero y junio de 2002, consideró que el decreto “no afecta la independencia” del ente monetario y está fundamentado en las conductas inconvenientemente extrovertidas del director ahora desplazado. “Tiene todo el derecho a opinar lo que quiera y dejar constancia de ello en los documentos de ese cuerpo. Pero no de hacer recurrentemente públicas esas posturas, en especial, si suponen vaticinios apocalípticos”, opinó.

fuente LA NACION

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