SAN SALVADOR DE JUJUY.- Por primera vez se habla en Jujuy de un posible cambio en la situación en la que está detenida Milagro Sala. La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la líder de la Tupac Amaru cumpla la detención en su domicilio o enfrente los procesos judiciales en libertad con medidas como la fiscalización electrónica originó un fuerte debate en la provincia. Por un lado, el gobernador Gerardo Morales dijo que no está de acuerdo con el pronunciamiento del organismo internacional, pero admitió que sus cautelares son obligatorias. En la misma línea va el Ministerio Público de la Acusación, cuyo titular afirmó que recomendaría a los jueces optar por otorgarle la prisión domiciliaria.

Morales se expresó a través de su cuenta de la red social Twitter, en la que manifestó que no comparte que la CIDH “otorgue el privilegio de la prisión domiciliaria a corruptos”, pero admitió que “sus cautelares son obligatorias”.

Por su parte, el titular del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez, expresó que las alternativas que brinda la resolución del organismo son de exclusiva decisión de la Justicia. Sin embargo, ayer adelantó que recomendará a los jueces que opten por “el arresto domiciliario” de la líder de la Tupac Amaru.

“En caso de arribarse a alguna de las alternativas que plantea la CIDH como salida a la cautelar a la que hizo lugar, desde el Ministerio Público se va a postular el arresto domiciliario”, sostuvo Lello Sánchez, quien además calificó al organismo de ser “político”.

Procedimientos

El Estado deberá correr vista de la resolución de la CIDH al Superior Tribunal de Jujuy. Al mismo tiempo, éste deberá informar a los dos jueces actuantes, quienes tendrán que notificar al Ministerio Público y a la defensa para que emitan opinión. Una vez concluidos esos trámites, los jueces deberán tomar entonces la determinación. Se prevén cinco días, por lo menos, para que las partes emitan opinión.

La resolución de la CIDH, conocida el viernes pasado, alude a “presuntos hostigamientos que habría enfrentado la detenida”, lo que deja en claro que esas intimidaciones no habrían sido probadas, expuso Lello Sánchez.

La prisión preventiva no fue cuestionada por la medida cautelar emitida por la CIDH y, por lo tanto, sigue vigente. Lo que está en discusión es la modalidad del cumplimiento de la prisión: si debe ser domiciliaria o condicional con fiscalización electrónica, siempre y cuando la Corte Suprema no emita fallo contrario.

En otro orden, el abogado de Sala, Luis Paz, expresó ante los medios locales que “el Estado nacional es el responsable de cumplir la resolución de la CIDH. La provincia de Jujuy está fuera de esta discusión”.

Paz desconoce el artículo 109 de la Constitución nacional, que indica que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, por lo que no podría involucrarse.

Finalmente, el abogado de Sala cargó contra el máximo tribunal: “[La Corte] también tiene la posibilidad de decidir sobre la detención arbitraria de Milagro Sala. Y hace bastante tiempo que tiene esa posibilidad, es increíble la demora, porque estamos hablando de una ciudadana que está privada de su libertad de manera arbitraria, como dijeron la ONU y la CIDH. Pero esta Corte ha resuelto prisiones domiciliarias de genocidas”.

La Corte Suprema tiene dos expedientes en los que la defensa de Sala requiere la libertad de la dirigente, detenida en el penal de Alto Comedero, por considerar que la prisión preventiva es “arbitraria” y que la líder barrial tiene fueros por ser diputada del Parlasur.

Ademas, en febrero pasado, la Corte sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Al pronunciarse en el caso Fontevecchia y D’Amico, dijo que el tribunal internacional no puede convertirse en una “cuarta instancia revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales”.

Las causas que complican a Sala

Asociación ilícita y fraude al Estado

Es la causa llamada “Pibes Villeros”, que investiga los $ 29 millones que fueron extraídos en bolsos desde la sucursal del banco Nación en San Salvador de Jujuy. El juez Gastón Mercau está a cargo de la causa

Tentativa de homicidio

Es el caso de la golpiza que recibió Luca Arias, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, en 2006

Lesiones graves

Se basa en un hecho de 2007, donde se enfrentaron dos barras bravas de Gimnasia de Jujuy, una de ellas encabezada por Sala. Dos personas presuntamente de su entorno dispararon contra Alberto Cardozo, jefe de la barra “Los Marginados”, del club jujeño

fuente LA NACION

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