Acusan a Gils Carbó de proteger a Báez y piden su indagatoria

La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, pidió ayer la indagatoria de la procuradora Alejandra Gils Carbó , a quien acusó de haber sido la ideóloga de una maniobra para proteger al empresario Lázaro Báez .

Según la UIF, la procuradora participó de un encubrimiento ejecutado por dos fiscales que actuaron siguiendo sus instrucciones, Carlos Gonella y Omar Orsi, ambos procesados -con procesamientos confirmados- por haber presentado un dictamen en el que omitieron imputar a Báez y pidieron investigar sólo a Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Fue en los orígenes de la causa por lavado de dinero, en la que hoy Báez está procesado y preso por orden del juez Sebastián Casanello.

El escrito de la UIF fue presentado ayer en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que procesó a Orsi y a Gonella. Lleva la firma del presidente de la UIF, Mariano Federici. La UIF se presentó en esta causa como querellante, es decir, como particular damnificada. El juez le había reconocido ese rol, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó la decisión de Martínez de Giorgi y entendió que la UIF no tenía por qué intervenir en este expediente. Federici hizo la presentación de ayer amparado en que el fallo de Cámara no está firme.

Gonella era el titular de la procuraduría contra los delitos económicos (Procelac), donde Orsi era coordinador del área de lavado de activos. Ambos fueron procesados por el delito de «prevaricato», acusados de haber perjudicado «deliberadamente» la investigación.

La historia de este caso empezó el l4 de abril de 2013, cuando Elaskar y Fariña confesaron en televisión haber blanqueado unos 55 millones de euros de Báez. Al día siguiente se abrió una causa penal. En todo expediente, el primer impulso lo hace el fiscal, que señala quiénes deben ser investigados. En este caso, el fiscal era Guillermo Marijuan, pero estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González. Fue González quien contó que lo habían llamado Gonella y Orsi, y le habían dicho que le enviarían reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Elaskar y Fariña. Y que le dijeron, además, que el requerimiento se limitara a los ROS, sin mencionar a Báez.

Para el juez, Gonella y Orsi recortaron la investigación y consiguieron, así, que se demoraran las medidas contra el empresario.

Según la UIF, Gils Carbó fue parte de esa maniobra. No sólo para beneficiar a Báez, sino también a ex funcionarios kirchneristas.

Ayer Gils Carbó no hizo declaraciones sobre este pedido de indagatoria, pero fuentes cercanas a ella lo cuestionaron; sostuvieron que la UIF abandonó su rol técnico y que sólo busca representar los intereses del partido gobernante y apuntar contra Gils Carbó -a quien Mauricio Macri quiere echar- más allá de los límites legales. Fue por eso, dijeron, que la apartaron de la causa.

Según la UIF, hay elementos objetivos que son suficientes para llamar a indagatoria a la procuradora.

Uno central -sostiene el organismo- son las «múltiples» llamadas entre Gils Carbó y la presidencia de la UIF, por entonces a cargo del funcionario kirchnerista José Sbatella. Las llamadas fueron entre el 15 y el 18 de abril de 2013, cuando se estaba preparando el requerimiento fiscal. La UIF cree que respondían a la necesidad de contar con todo lo que tuviera Sbatella contra Elaskar y Fariña para direccionar la investigación contra ellos. Las comunicaciones, informadas por Telefónica, se registraron entre el despacho de la procuradora, el del jefe de la UIF y el de la entonces directora de Asuntos Jurídicos del organismo, Mariana Quevedo. Así lo informaron a la nacion fuentes que accedieron a la presentación de Federici. La UIF sostuvo que además, los ROS fueron presentados casi sin análisis, lo que probaría el apuro, un apuro que no exhibieron respecto de Báez. La UIF destacó, además, que Orsi y Gonella intervinieron sin que se los pidiera el fiscal del caso (según la UIF, por una supuesta orden de Gils Carbó), y afirmó que es un modus operandi de la procuradora influir sobre los fiscales para torcer las causas.

El juez debe decidir ahora qué lugar le da a esta presentación.

fuente LA NACION

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