Maldonado: para la fiscalía, aún no hay pruebas que apunten a la Gendarmería

Los últimos rastros de Santiago Maldonado se perdieron a orillas del río Chubut y el allanamiento para establecer si efectivamente lo cruzó fue suspendido por la «férrea oposición» de la comunidad mapuche. Así surge de una presentación que hizo la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, a cargo de la investigación, a la que tuvo acceso LA NACION. Además, según la Justicia, el joven desaparecido fue visto por última vez el 1° del actual.

En el detallado informe que entregó la fiscal se constata que al día de hoy no hay ninguna prueba en los expedientes, el referido al habeas corpus y el caratulado como desaparición forzada, que relacionen directamente a la Gendarmería con la desaparición de Maldonado.

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No obstante, Ávila mantuvo la carátula de la causa con la hipótesis de que se trató de una desaparición forzada, lo que implicaría la privación de libertad de Maldonado a manos de fuerzas de seguridad que supuestamente actuaron con autorización o apoyo del Estado. Y si bien no menciona ninguna prueba contra la Gendarmería -no hay en la presentación testimonios de testigos que hayan visto a agentes de esa fuerza llevarse a Maldonado-, aún restan conocerse los resultados de los peritajes de los teléfonos y computadoras.

Uno de los datos clave que aportó Ávila es el procedimiento en el que actuaron perros especialmente adiestrados para seguir rastros. Según el relato de la fiscal, el 5 de este mes, cuatro días después de la desaparición, se usaron dos prendas: un «cuello» -utilizado por más personas- que entregó a la Justicia Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y una gorra, que dio una mujer de la comunidad mapuche, que no quiso identificarse, para realizar el rastrillaje.

Pero esa medida fue suspendida por pedido de la comunidad mapuche, que alegó que «permitir el paso de los perros hacia el otro lado del río Chubut violentaba un espacio sagrado». Así se truncó la posibilidad de dilucidar si Maldonado cruzó el río el 1° del actual. Pero con un dato hasta el momento desconocido: los perros no iban a donde estaban ubicados los móviles de la Gendarmería, sino que siempre volvían a la orilla del río.

De esto se deduciría que Maldonado habría corrido hacia el agua, pero no habría sido llevado hacia la ruta, donde estaban las camionetas de la fuerza de seguridad, como afirman los testigos.

La funcionaria del Ministerio Público Fiscal, que ayer se reunió con su jefa, Alejandra Gils Carbó, escribió una crónica de la investigación para presentarla ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que despeja algunas dudas sobre la pesquisa. En primer lugar, la fiscal afirma que hasta el 1° de agosto Maldonado estuvo vivo, lo que descartaría la hipótesis de que lo habría herido de muerte Evaristo Jones, el puestero de la estancia El Maitén, propiedad del grupo Benetton.

Otra de las referencias tiene que ver con la declaración del amigo de Maldonado Ariel Mariotto Garzi, que dijo en la causa el 7 de agosto «sin reserva de su identidad ante el juez federal, el defensor federal y la fiscal», donde entregó un «buzo» que, según dijo, había usado Maldonado. Pero Garzi no respondió de dónde sacó la prenda y no informó «cuál sería el domicilio de Santiago». Según la fiscal, Garzi no aportó «ningún dato esclarecedor».

Es más: la fiscal destacó que «ninguno de los testigos ni sus allegados» dieron una referencia sobre dónde vivía o realizaba su actividad como tatuador en El Bolsón Maldonado.

«Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales», describió en el informe Ávila.

También dejó asentado que «el tiempo ha sido una variable que ha atravesado» toda la investigación y que no fue fácil «recolectar elementos convictivos que tuvieran una entidad suficiente» para determinar su desaparición a manos de gendarmes. En ese sentido, la funcionaria resaltó que las muestras de ADN a los hermanos de Maldonado, Sergio y Germán, «recién pudieron hacerse unos días después».

Además de la fiscal, trabajan en la investigación la Procuraduría de Violencia Institucional, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico y la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia.

Ayer, en tanto, a 28 días de la desaparición, Gils Carbó hizo pública su inquietud por la investigación y recibió a Ávila. La titular del Ministerio Público Fiscal reforzó con más recursos humanos la fiscalía para que pueda desarrollar la investigación. Se pusieron a disposición cuatro nuevos funcionarios y empleados, así como más espacio físico para su labor, informaron fuentes judiciales. La Procuración informó también que prestarán colaboración en la investigación distintos organismos que aportarán especialistas para avanzar con las diferentes medidas de prueba, como peritos y otros expertos con trayectoria en este tipo de búsquedas.

Ávila, Gils Carbó y sus colaboradores analizaron ayer las próximas medidas de prueba previstas para continuar con la investigación. Se harían efectivas, finalmente, la semana próxima, cuando termine el secreto de sumario dictado por el juez de la causa.

El gobierno no será querellante en la causa

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, presentará un escrito ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, para garantizar la plena colaboración en la búsqueda de Santiago Maldonado. Así lo dispuso el Gobierno luego de un encuentro que mantuvieron familiares de Maldonado y su letrada patrocinante, Verónica Heredia, con el ministro Germán Garavano. En tanto, descartó la opción de solicitar ser querellante. También pedirá la colaboración de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos.

fuente LA NACION

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