Pocas pruebas, confusas, sumarios incompletos, poco con lo que trabajar. Ésa fue la primera evaluación que hicieron en los tribunales sobre las evidencias contra los 30 detenidos y liberados, acusados de cometer desmanes en la Plaza de Mayo tras la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Por eso el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Ramiro González intimaron a la Policía de la Ciudad a que busque pruebas contra los acusados e identifique a otros participantes de los incidentes del viernes.

El juez Martínez de Giorgi excarceló a los acusados, pero todos siguen imputados. Ninguno fue sobreseído ni tiene falta de mérito. Es más, uno de ellos quedó preso porque había problemas con su documentación. Dijo llamarse Harol o Araol Marín Castro y la novia presentó en la comisaría un documento con esa identidad. Ese documento acreditaba que tenía nacionalidad venezolana, pero se determinó que era falso. Entonces dijo llamarse Wilson López, de nacionalidad colombiana, y ahora se le están tomando las huellas digitales para identificarlo fehacientemente. Con el nombre de Marín Castro tiene dos entradas en comisarías por tentativa de hurto. La hipótesis que manejan los investigadores es que pudo tratarse de un punguista que aprovechó la marcha para hacer su faena.

Entre los otros 30 detenidos no hay ninguno con antecedentes. El juez federal dispuso que cada policía que intervino declare en qué detenciones en particular intervino en los tres o cuatro focos de conflicto.

Además, la Policía de la Ciudad envió un video de más de 24 horas de grabación, por lo que el fiscal y el juez le pidieron que lo editen y lo compilen buscando evidencia sobre los detenidos y sobre otros involucrados que no fueron presos. Además pidió que la policía busque las grabaciones de las cámaras de seguridad privadas e imágenes que pudieran tener la ciudadanía y los medios de prensa sobre los sucesos. Además encomendaron cotejar las imágenes con los imputados, ubicándolos en los momentos previos y mientras ocurrían los hechos. El juez ordenó que se determine la gravedad de las lesiones que recibieron los policías, el tiempo estimado de curación y el alta para retomar el trabajo. Tras firmar estas medidas de prueba, el juez Martínez de Giorgi dispuso el secreto del sumario judicial.

Los abogados de los acusados dieron cuanta de lo flojo que fue el trabajo policial, a tal punto que destacaron que hasta la fiscalía aceptó las excarcelaciones. El abogado Ismael Jalil dijo a LA NACION que uno de los detenidos estaba comiendo una pizza con dos amigos en Bernardo de Yrigoyen 96, donde pagó con tarjeta de crédito la suma de 320 pesos a las 21.46. Pero aparece detenido a las 20.18, “un invento”, dijo el letrado.

Explicó que otro de los presos habló con su mujer embarazada desde su celular, a las 21.30, para tranquilizarla y decirle que iba camino de su casa, pero aparece detenido a las 20.18. Dijo el letrado que además fueron presos trabajadores de medios de prensa alternativos mientras grababan o fotografiaban la acción policial. Incluso mencionó que entre los presos hay una chica que salía de la boca del subte y que no había concurrido a la marcha, pero como fue alcanzada por el lanzapintura policial, quedó detenida. Otro de los arrestados era un músico que estaba tocando y que no asistió a la marcha, dijo.

investigan el ataque a esteche

El ataque a Fernando Esteche, perpetuado presuntamente por sus antiguos compañeros de Quebracho durante la la marcha a Plaza de Mayo por la aparición de Santiago Maldonado, es investigado por la la Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Martini. El expediente, caratulado como “lesiones”, se inició tras un pedido de Cristian Ritondo, que detectó que la clínica de Ensenada en donde se atendió a Esteche no había hecho ningún reporte.

fuente LA NACION

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