Un golpe judicial recibió la investigación contra la agrupación kirchnerista Tupac Amaru en Mendoza. La Octava Cámara del Crimen determinó volver a foja cero tras un pedido de nulidad de la defensa y ordenó la libertad de los detenidos, entre ellos la líder local Nélida “Nelly” Rojas.

De esta manera, los magistrados consideraron que la fiscal que lidera la causa, Gabriela Chaves, actuó de manera “arbitraria y manipuló la figura legal” de la asociación ilícita que le imputaba a los acusados, además de desestimar las pruebas presentadas, por lo que dispuso revocar las prisiones preventivas que habían sido otorgadas por la Justicia de Garantías. Con esta decisión del tribunal integrado por Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel, se caen 27 de las 29 causas en las que se los investigaba.

En tanto, la funcionaria judicial aseguró que se trata de un fallo cargado de “impunidad para las víctimas”, por lo que continuará la pesquisa y recurrirá a la Suprema Corte de Justicia provincial. Chaves aclaró, también, que ya suma 172 denuncias por extorsión, coacción agravada y estafa para la adquisición de viviendas sociales, en base a fondos nacionales. “Se han vulnerado derechos y no lo ha podido ver la Cámara. Es tremendo el lugar de delito en el que me ubican a mí. Sigo firme en que hay delitos y hay víctimas. Es un mensaje tremendo para la sociedad”.

Los jueces le dieron la razón al abogado defensor Alfredo Guevara, quien insistía en que las detenciones eran ilegales y que se trató de una “persecución política”. Así, quedaron en libertad Rojas, la jefa de la organización piquetera, su esposo Ramón Martínez, su dos hijas, Carla y Leonela, y su nuera, Fanny Villegas.

Guevara, quien promete accionar contra quienes impulsaron la investigación, expresó: “Se pretendía disfrazar de causas penales lo que era una persecución política sin ley, sin pruebas. Fue parte de un gran fraude a la opinión publica con motivos claramente electorales”. Y añadoó: “La causa ha quedado herida de muerte. No hay elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones, sobre todo de asociación ilícita. Se manipuló la figura legal, de acuerdo al fallo judicial. No vivíamos este tipo de persecución política desde la dictadura, acompañada por un enorme fraude a la opinión publica”.

Desde el Gobierno, el golpe fue sentido con fuerza y consideran que se trata de un “fallo político y arbitrario”. Una alta fuente del Palacio Cívico explicó a LA NACION: “Se trata de una decisión del ala garantista de los tribunales mendocinos, miembros de Justicia Legítima. Está claro que fue una decisión para enfrentarse aún más con el gobernador Cornejo”. Consideran que con la resolución del tribunal se atenta contra la libertad política de las personas y no se reconoce el lugar de las víctimas que recibieron viviendas y que de igual modo denunciaron el accionar de la Tupac. Además, cuestionan otorgar la libertad a una persona que puede darse a la fuga, teniendo en cuenta las condiciones en las que se entregó a la Justicia a principios de abril.

En ese momento, las autoridades judiciales se sorprendieron porque la dirigente se presentó voluntariamente junto a su marido en la fiscalía de Lavalle (donde residen) y declaró que no tenía ninguna intención de evadirse. Esto motivó a la Justicia a disponer la detención, ya que la mujer se habría enterado con antelación de los allanamientos que estaban previsto realizarse la semana siguiente. De hecho, el mes pasado, por esta situación de “filtración” de información, un empleado de la Justicia quedó imputado.

fuente LA NACION

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