on notorios cambios con relación a la versión aprobada por la Cámara de Diputados y amplio consenso político, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado firmó ayer dictamen del proyecto de ley que crea un régimen penal para las personas jurídicas, iniciativa que intenta castigar el lado privado de la corrupción.
Una de las modificaciones más importante es la circunscripción del régimen a los denominados delitos de corrupción. Así, las empresas podrán ser sancionadas por cohecho, cohecho agravado, exacciones ilegales y concusión, a las que se sumó un delito económico como el fraude contable. Para las personas jurídicas, el castigo será una multa, la cual podrá ser de 2 a 5 a veces el monto obtenido de manera indebida. También se establece un límite de seis años para la prescripción de la acción penal, dando por tierra con la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción que habían votado los Diputados a fines de julio último.
Otra novedad es que el régimen alcanzará también a las empresas que tengan participación pública en su propiedad. El dictamen fue firmado por senadores de Cambiemos, del PJ-FPV y del Interbloque Federal. Sólo el kirchnerismo rehusó apoyar el proyecto, cuya redacción terminó de acordarse apenas unos minutos antes del inicio de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El sistema elegido fue el denominado «vicarial» u objetivo, por el cual la acción penal corre tanto para los individuos como para las empresas involucradas en un delito de corrupción.
fuente LA NACION
