Bajo la presión de los bloques opositores y con la desaparición de Santiago Maldonado como telón de fondo, el Senado se prepara para prorrogar pasado mañana la vigencia de la ley 26.160, que mantiene suspendidos desde hace 11 años los desalojos de tierras ocupadas por comunidades aborígenes y cuya titularidad se encuentra sujeta a disputa judicial.

La oposición impulsa la prórroga lisa y llana por otros cuatro años de la ley, cuya vigencia vence el próximo 23 de noviembre. El Gobierno apoya el reclamo, pero pretende establecer nuevas reglas de juego, limitando el plazo de la postergación a tan sólo un año y acelerar así el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero presenta un notorio retraso en su ejecución.

La resistencia del oficialismo pasa por el artículo primero de la ley, que mantiene abierto el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en el que deben asentarse los reclamos de las comunidades.

“Cambiemos está de acuerdo en prorrogar la ley, pero debería ser por un año y contemplar el cierre del Registro al término de ese plazo, porque en los últimos tiempos se han producido ocupaciones motivadas por cuestiones políticas”, afirmó la senadora Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy).

El último viernes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio luz verde de manera pública a la prórroga de la ley. “Acompañamos la prórroga de la ley 26.160 pedida por las comunidades originarias”, afirmó. Sin embargo, no entró en detalles sobre la prórroga a sancionar.

Desde la oposición insisten en avanzar con la extensión de la norma tal cual fue aprobada hace once años y denuncian una supuesta campaña del gobierno de Mauricio Macri contras las comunidades aborígenes.

“Se ha instalado un consenso antiindígena”, denunció el senador Fernando Solanas (Proyecto Sur), uno de los principales impulsores, junto a Juan Manuel Abal Medina (PJ-Buenos Aires), del proyecto de Anabel Fernández Sagasti (FPV-Mendoza) y Norma Durango (PJ-La Pampa), cuyo tratamiento fue postergado en la Cámara alta por pedido del oficialismo.

La demora ya lleva once años, por lo que excede a la administración macrista. Así lo admitió el kirchnerista Abal Medina. “Somos conscientes de las demoras de nuestro gobierno”, afirmó el senador. “La normativa internacional manda que esto se ejecute, hay que pasar a los hechos concretos y hacer efectivo este derecho”, agregó.

Sin avances

Según Solanas, desde la sanción de la norma “no se ha entregado ni un título de propiedad”. Además, se quejó por el lento avance del relevamiento catastral de las tierras en disputa. “Los más optimistas dicen que se hizo el relevamiento del 30%, pero la verdad es que difícilmente llegue a esa cifra”, agregó. Según la Iglesia Católica, que viene fogoneando la prórroga de la ley, en 2013 se había relevado apenas el 12,5% de las tierras reclamadas.

Desde el oficialismo se quejan por el oportunismo del reclamo. “Hace once años se sancionó la ley y los que hoy la usan como bandera no han hecho nada”, denunció la radical Giacoppo, quien insistió en ratificar la voluntad del oficialismo de prorrogar la ley.

fuente LA NACION

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