ESQUEL.- Mientras el caso por la desaparición de Santiago Maldonado transita una vuelta de página por el cambio de juez, la fiscal Silvina Ávila profundiza, con pies de plomo, la causa por presunta desaparición forzada. Se trata del expediente que tiene bajo el radar el proceder de la Gendarmería el 1º de agosto, el último día que fue visto el joven tatuador, y que se concentra en reconstruir tanto lo que ocurrió durante el tenso operativo en el Pu Lof de Cushamen como en las horas posteriores.

Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, la fiscalía, que tiene delegada la investigación, espera los resultados de una batería de medidas para desentrañar los movimientos de los gendarmes. Un equipo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), una unidad especializada del Ministerio Público fiscal, viajó ayer a Esquel para colaborar.

La medida más importante es un peritaje encargado a la Policía Federal sobre los GPS de los celulares de los efectivos que avanzaron sobre el territorio ocupado por los mapuches. El objetivo es tener una georreferenciación de los equipos en las horas posteriores al operativo para poder reconstruir el trayecto que siguieron las camionetas de la fuerza.

Determinar los periplos de los móviles de la fuerza es crucial. Según se determinó en la causa, la camioneta que trasladó al subalférez Emmanuel Echazú, el efectivo que resultó herido en el enfrentamiento con los manifestantes mapuches, volvió a su punto de origen a las 5.30 del 2 de agosto, más de doce horas después del operativo.

Otra camioneta bajo la lupa es la que, según el testigo de la comunidad mapuche Matías Santana, habría trasladado a Maldonado, algo que hasta ahora no se pudo comprobar con otras pruebas. Así, el peritaje que ordenó Ávila deja abierta una posibilidad que el anterior juez del caso, Guido Otranto, había dado por descartada tras conocer los cotejos de ADN: que Maldonado pudo haber sido trasladado por los gendarmes. Se desconoce qué consideración tendrá sobre el punto el nuevo magistrado, Gustavo Lleral.

Otra de las medidas ordenadas por la fiscal es el estudio del contenido de los discos rígidos secuestrados en los escuadrones de la Gendarmería. Sobre todo, las CPU de los oficiales vinculadas al área de inteligencia: si hubo un incidente con un manifestante, debería constar en esos archivos.

En proceso también está el peritaje telefónico sobre los móviles de los oficiales y el entrecruzamiento de llamadas de los jefes de los escuadrones y del jefe de la agrupación, el comandante mayor Diego Balari. El objetivo es analizar las llamadas entrantes y salientes posteriores al operativo en el Pu Lof y los impactos en las antenas para determinar los movimientos.

Uno de los puntos que ya descartó la fiscal es el de la adulteración de las actas de la Gendarmería. La defensa de la familia Maldonado había advertido que esos libros tenían hojas irregulares. Se trataba de una hoja pegada con cinta Scotch, pero un peritaje determinó que no se trató de una anomalía.

Si la investigación prospera, no se descarta que se requiera la citación de gendarmes que avanzaron hacia el río Chubut no como testigos, sino como imputados. La fiscal tiene un largo camino por recorrer: todavía no se reunió con el juez Lleral, que, en paralelo, conduce la causa de habeas corpus para dar con el paradero de Maldonado.

La investigación tiene bajo una lupa especial a Echazú, gendarme que está de licencia médica por la doble fractura de mandíbula que tuvo, presuntamente, producto de una piedra lanzada por los mapuches. Todavía no está determinado qué pasó con ese efectivo a la vera del río, ya que mostraba distintas heridas en el rostro y los investigadores quieren determinar si pudo haber tenido un enfrentamiento con algún manifestante. En las imágenes del operativo se lo ve subiendo desde el río con una escopeta Bataan 470 recortada, arma reglamentaria de postas de goma.

También ubica como actor relevante al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien viajó a Esquel para establecer los lineamientos a aplicar en los operativos contra las manifestaciones mapuches.

fuente LA NACION

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