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Por las extorsiones de «El Pata» Medina, se dejaron de hacer 620 edificios

LA PLATA.- El conflicto con la delegación de la Uocra a cargo del detenido Juan Pablo «el Pata» Medina, acusado de extorsionar empresarios de la construcción, provocó que se dejaran de construir 620 edificios en los últimos cuatro años, lo que se tradujo en una pérdida de 31 mil millones de pesos por año y en una caída del 57% del empleo total del sector.

Esto surge de un informe de la Municipalidad de La Plata que fue incorporado al expediente de la causa que investiga a Juan Pablo «Pata» Medina por asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada. Las cifras expresan el impacto de los métodos extorsivos y los sobreprecios sobre la inversión.

«En los últimos años nadie quería invertir en nuestra ciudad. Un montón de empresarios pequeños, grandes y medianos eligieron ir a otro municipio, provincia o país», reconoció el intendente Julio Garro a LA NACION, y aseguró que «los números no cerraban porque había un porcentaje oculto de la Uocra».

El informe al que accedió LA NACION indica que de 2013 a 2017 se pasaron a construir de 700 edificios en simultáneo a hacer sólo 80. De ese cálculo concluyen que «los 18.600 puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de la menor inversión en la ciudad de La Plata representan un impacto del 6,7% del empleo total y de un 57% del empleo total del sector construcción».

«Fuimos a la Cámara de Espacios Públicos de Buenos Aires a decirles que teníamos un dinero para invertir en plazas. Lo primero que nos plantearon fue: «¿Y Medina? Ahí los números se nos van», agregó Garro.

«Al poner en marcha una obra, con todas las condiciones legales, se presentaba gente del gremio imponiendo condiciones. Si no se firmaba el «acuerdo de paz social», y no había manera de no firmarlo, no se podía comenzar con el trabajo», contó el empresario de la construcción Juan Prates al programa PM, de LN+.

El intendente estimó que construir en La Plata costaba un 40% más. El informe promediaba un «sobrecosto» de $ 407 millones. De haberse mantenido el pico de construcción de 700 edificios, «el sobrecosto promedio hubiera sido de $ 3565 millones».

Según fuentes del Ministerio de Trabajo provincial, La Plata está en condiciones de tener entre 500 y 700 obras de construcción privadas en función del potencial de inversores y la necesidad de mercado. Sin embargo, «por el nivel de conflictividad que se genera por la Uocra se ha disminuido de 700 a 80», agregaron fuentes del ministerio.

El análisis del accionar del «Pata» Medina

Según datos de la Municipalidad de La Plata, la inversión no realizada por los mayores sobrecostos se estima en 31 mil millones por año, considerando el tope máximo de 700 edificios por año.

«En La Plata hay unas 200 obras civiles frenadas. Fueron abandonadas porque muchos empresarios o particulares no han querido acceder a las exigencias que le ponían de la Uocra», indicó el intendente Garro.

La Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco) realizó su propio informe a partir de notar que los números en La Plata eran distintos a otros sitios de la región. Según su relevamiento, en 2011 había 629 edificios en construcción en La Plata. «En septiembre y octubre del año 2013 se produce el conflicto que genera la Uocra regional La Plata, demandando condiciones económicas desproporcionadas y sindicalización de las obras con la consiguiente conflictividad para ejecutarlas. Esto generó que se retiren los inversores por los altos costos y la imprevisibilidad en los plazos. Esta causa provocó una caída continua en la actividad de la construcción desde 2013 hasta la fecha», asegura el informe de Apymeco.

Por su parte, el titular del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto, aseguró que las exigencias de la Uocra platense se habían convertido en «imposiciones». Entre esas exigencias nombró «la toma de cantidad de gente, a veces sin probada especialización en las tareas que iban a realizar, o la incorporación de una mujer en la obra para la limpieza que no está dentro de los convenios nacionales de trabajo». Y coincidió que se usaba «el reclamo de los derechos de los trabajadores, que es totalmente justo» para luego hacer pedidos.

fuente LA NACION

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