El diputado kirchnerista Julio De Vido pasó ayer por los tribunales para intentar desligarse de las operaciones de importación de gas licuado con sobreprecios de 7000 millones de dólares. No se fue con las manos vacías, pues se llevó un pedido del fiscal Germán Moldes para que pierda los fueros que lo protegen y sea detenido en otra causa donde se investiga un fraude por 280 millones de pesos en la mina de Río Turbio.
De Vido no agotó sus visitas a Comodoro Py 2002. Hoy deberá regresar para asistir al juicio que se le sigue por la tragedia del Once.
El ex ministro de Planificación compareció con su nuevo abogado, Maximiliano Rusconi, ante el juez federal Claudio Bonadio , que investiga las compras de gas importado por unos 15.000 millones de dólares entre 2008 y 2015.
Fueron en total casi 500 barcos cargados de gas licuado los que llegaron a Bahía Blanca y a Escobar, y un peritaje cuestionado por las defensas dice que hubo un sobreprecio de casi 7000 millones de dólares en esas operaciones. De Vido llegó ayer a media mañana y subió directo al tercer piso. Allí, se negó a declarar y sólo dejó un escrito.
En su presentación explicó cuál fue su actuación como máximo responsable del área de la que dependía Enarsa, la empresa estatal que se encargó de adquirir los cargamentos de gas a Rusia, entre otros países. Dijo que fue ajeno a los hechos que se investigan.
De Vido había pedido postergar su indagatoria de ayer. Argumentó que frente a la renuncia de sus antiguos abogados y la designación de Rusconi era necesario más tiempo para conocer el expediente. Sin embargo, Bonadio rechazó esa pretensión y ratificó la audiencia de ayer.
Dijo el ex ministro que se vio obligado a importar gas desde el frío invierno de 2007, que las importaciones no tuvieron consecuencias para el Estado y que el informe pericial se realizó mediante una «búsqueda casi escolar de información que no ha sido certificada científicamente».
Sostuvo que hubo mecanismos de control de Enarsa, la Sigen, la AGN, de PriceWaterhouse, y que hubo un seguimiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; que la operación fue de Enarsa y que ésta no es una investigación seria. «Se trata de una serie de construcciones ilusorias», aseguró, y pidió ser sobreseído.
Mientras esto sucedía en el tercer piso de Comodoro Py, un nivel más abajo, el fiscal Moldes firmaba un dictamen donde señalaba que De Vido debía ser desaforado como diputado nacional para ser detenido en la causa en que se investiga el desvío de 280 millones de pesos, con el que debían realizarse obras en la mina de carbón de Río Turbio.
En esa causa, el fiscal Carlos Stornelli pidió detener a De Vido, el juez Luis Rodríguez lo negó, el fiscal apeló y el fiscal de Cámara Moldes sostuvo esa apelación. Al argumentar ayer por escrito, dijo que para ser justo con los 22 acusados en esta causa se debía extender a todos la obligación de depositar $ 100.000 como garantía de que no se iban a escapar. La excepción fue De Vido, para quien dijo que había que fijarle un monto de dinero adecuado al grado de responsabilidad que le cupo en la maniobra.
Además solicitó a la Cámara Federal que instruya al juez Rodríguez para que requiera al Congreso la quita de los fueros de De Vido. La Cámara Federal, con la intervención de los camaristas Irurzun, Bruglia y Farah, comenzó ayer a analizar si corresponde que De Vido siga en libertad.
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