Los más de 500 convenios firmados por casi $5.000 millones entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), investigados por defraudación al Estado, tenía una palabra final para liberar los pagos millonarios: el extinto ministerio de Planificación Federal.

Dos testigos complicaron más a Julio De Vido en la causa de Río Turbio
Juez federal Luis Rodríguez, investigador del caso Río Turbio, en el que está involucrado Julio De Vido.

“Los convenios venían firmados, no se informaban y el Ministerio era quien decía qué se pagaba y quién no”, declararon ante el juez Luis Rodríguez el ex Coordinador General de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Miguel Larregina y su esposa, la contador Marta Pérez. Apuntaron que las irregularidades investigadas en los convenios, pagos y licitaciones “se confeccionaban en el Ministerio”. En esta causa, el diputado del FpV tiene un pedido de desafuero y detención por parte de la Justicia.

El pedido enviado a la Cámara de Diputados por el juez Luis Rodríguez se hizo en el marco de la causa sobre una maniobra defraudatoria entre 2008 y 2016, que consistió en la “ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado, la UTN y la FRSC”. Todo, según el expediente, se realizó en “connivencia con funcionarios y empleados públicos” de estos organismos.

El juez Rodríguez determinó que a través de esa maniobra se celebraron más de 500 convenios -para diversas obras y capacitaciones-, por $4.866.400.000 de los que se facturaron $ 1.379.923.949. El perjuicio a las arcas del Estado asciende, en principio a $ 176.074.000.

¿De dónde se desprende este monto? Fue dinero recibidos por la FRSC y la UTN por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados. Miguel Larregina ex Coordinador General de YCRT, explicó que los montos los fijaba “el Ministerio de Planificación”, la “orden específica en el circuito de pago” provenía “del MINPLAN”.

Larregina señaló que no conoció personalmente a De Vido, pero que las decisiones administrativas que desde YCRT salían para celebrar convenios con la UTN y la FRSC, provenían del “ministerio”. El planteo fue reforzado por la ex contadora de YCRT, Marta Pérez (esposa de Larregina), quien declaró “el Ministerio indicaba los pagos, qué se debía pagar y a quién”.

El dinero destinado a los convenios, son objeto de investigación como la elección de la UTN como “proveedor” de YCRT. “Todo iniciaba en Río Turbio” y terminaba “en la firma con la universidad”. La contadora Pérez resaltó: “No nos comunicaban de los convenios celebrados” y que se enteraban de su existencia “cuando llegaban facturas emitidas por la UTN al Yacimiento, referidas a convenios de distinto objeto”.

Así, los convenios según declaró la contadora “carecían de documentación y llegaban firmados” y que las modificaciones de partidas presupuestarias “las ordenaba el Ministerio”.

Respecto al dinero destinado a la UTN y la FRSC, Larregina dijo que “era Planificación quien indicaba qué facturas tenían que cancelar”. Sobre los pagos realizados se concentra gran parte de la investigación. Además, indicó el ex funcionario que el “100% de las licitaciones tramitaban en el MINPLAN” y remarcó: “ Yo no podía desviarme de tales instrucciones”.

Hubo casos donde se priorizaba “a pesar de la instrucción, la cancelación de gastos corrientes, es decir gastos relacionados con el personal”, explicó el ex funcionario de YCRT. Los números detallados por Larregina arrojaron que lejos de invertir, el Ministerio se limitaba a pagar sueldos. .”El presupuesto fue de 15 mil millones de pesos, de los cuales 10.500 millones están en gastos corrientes que en su 90% es sueldos y gastos de personal y 5 mil millones de pesos en inversiones”.

fuente CLARIN

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