«Si me preguntan a mí, tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no fue. Me siento segura porque hicimos un trabajo muy fuerte de investigación». La frase pertenece a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras ser consultada sobre la sospecha de que Gendarmería Nacional habría estado involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado tras un operativo de desalojo en la ruta N° 40 de la provincia de Chubut, ocurrido el primero de agosto pasado, cuyos motivos de fallecimiento aún son investigados por la Justicia.
«Les pido que no estigmaticen a la Gendarmería», agregó la máxima autoridad de Seguridad de la Nación, y la afirmación tiene un trasfondo no muy conocido hasta el momento. El sistema de protección a agentes «soplones», que forma parte de una de las primeras medidas que tomó Bullrich tras asumir como ministra: la creación del Área de Control de Integridad de las Fuerzas Federales, que son Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El programa se convirtió, desde el inicio de su gestión, en el brazo controlador y fiscalizador de los agentes de las cuatro fuerzas. Dentro del área trabajan unas sesenta personas, todas ellas asumieron tras la llegada de Bullrich al ministerio.
De varias medidas que lleva a cabo esta novedosa área ministerial -como la obligación de presentar declaraciones juradas, controles toxicológicos sorpresivos, y un área de diversidad sexual-, quizás la más disruptiva sea el «Sistema de Protección Administrativa», inspirado en el método «WhistleBlowers» que utiliza, entre otras instituciones, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NSA.
El sistema fue creado para proteger a los agentes de las Fuerzas de Seguridad que decidan denunciar voluntariamente un hecho de corrupción interno de las fuerzas. Garantiza a quienes hablen que no serán hostigados por un jefe directo, porque se le brinda protección administrativa directa de la cúpula ministerial, sin que haya un superior jerárquico de por medio.
En medio de la falta de resolución sobre los motivos de la muerte de Santiago Maldonado, la ministra modificó la norma original, que había sido decretada a principios del 2016, mediante una nueva resolución, la 1014-E/2017, con la que se amplió el margen de protección: La original afectaba a testigos o victimas de corrupción. Con la modificación, se amplió a «denunciantes», y se incluyó también la posibilidad de denunciar situaciones de «violencia institucional».
Creada en febrero de 2016, mediante la resolución 561 – E/2016, el área comprende cinco direcciones. Para ocupar estos lugares, considerados clave para «transparentar» las fuerzas y para atacar lo que Bullrich denomina «mafias corruptas arraigadas», según sus propias palabras, la ministra se rodeó de personas de su extrema confianza.
«El espíritu de la medida es respaldar y fortalecer a quienes valientemente denuncian hechos de corrupción», dice el texto de creación del programa.
En agosto de este año fue descabezada la unidad de la Policía Federal de Chascomús, luego de que un suboficial realizará la denuncia de que su superior, el subcomisario Jorge Morel, filtraba información a presuntos delincuentes sobre la incautación de drogas y se negaba a investigar determinadas causas. Tras un operativo sorpresa en la localidad bonaerense, se comprobó la veracidad de la denuncia. Inmediatamente, fue puesto a disponibilidad y tiene una denuncia penal en su contra, según confiaron fuentes de Seguridad a LA NACION.
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