La rueda se puso en movimiento. Envalentonados por el triunfo en las elecciones del último domingo, el Gobierno apuró el paso para cumplir uno de los objetivos más ansiados de su gestión: desplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó . Incluso, el plan tiene un plazo: dos meses, ése es el tiempo máximo que se impusieron los principales colaboradores del Presidente.

Descartado el decreto, el oficialismo en el Congreso negocia con la oposición la sanción de una reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal (MPF). Pero a diferencia de lo que ocurrió hace un año, cuando Elisa Carrió hizo explotar un acuerdo para avanzar con los cambios en la norma, en esta oportunidad Cambiemos trabaja sobre tres artículos. El más urgente, claro está, es el que trata la remoción de la procuradora general de la Nación.

El nuevo mecanismo ya está decidido: la remoción de la jefa de los fiscales será por mayoría simple del Congreso. Hasta ahora el juicio político era la única herramienta válida para forzar su destitución, como a los ministros de la Corte Suprema. Pero esto fue declarado inconstitucional por la Justicia.

También hay un principio de acuerdo sobre la necesidad de ponerle plazo al mandato del procurador, que hoy es vitalicio. Esto había generado diferencias entre el macrismo y Carrió. En la Casa Rosada no querían que supere los cinco años, mientras que la líder de la Coalición Cívica había exigido un piso de siete años; hoy, se impondría la segunda opción.

“Estamos buscando los votos. Lo que quedó claro es que el juicio político es inconstitucional y tenemos que realizar una norma que se ajuste a la Constitución”, confió a LA NACION uno de los referentes de Cambiemos en el Parlamento.

El período de 60 días tiene una explicación: el oficialismo no quiere dar un paso en falso. Quiere tener la plena certeza de que la reforma se aprobará. Por eso el apuro todavía no se transformó en urgencia. En caso de no contar con los votos necesarios en las próximas semanas, esperarán a que juren los diputados elegidos hace tres días, el 10 de diciembre.

Hoy, la situación de Gils Carbó se encuentra en un limbo. El fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials sostuvo que “los únicos magistrados y funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político son los que enumera” de manera explícita la Constitución nacional.

Hasta la resolución del magistrado, la ley establecía las mismas garantías que un ministro de la Corte. Esta opción nunca fue explorada porque el oficialismo requiere dos tercios en ambas cámaras, algo que no tiene asegurado, sobre todo en la Cámara de Diputados, encargada de realizar el dictamen acusatorio.

“Hoy tenemos un vacío legal que tiene que resolver el Congreso”, explicó a LA NACION uno de los principales asesores de Macri.

Si el fallo representó la señal judicial que esperaba el Presidente para avanzar sobre Gils Carbó, el triunfo en los comicios legislativos terminó de convencer a sus consejeros judiciales de que era el escenario propicio para volver a intentarlo. Por eso, después de varios intentos fallidos, la Casa Rosada considera que se abrió una nueva oportunidad para avanzar contra la jefa de los fiscales, uno de los principales “enemigos” de la administración nacional.

Al igual que con el desafuero de Julio De Vido, que se votará hoy, Cambiemos quiere exponer a los diputados que defiendan a Gils Carbó, que hace 12 días fue procesada por el juez federal Julián Ercolini por administración fraudulenta por la compra del edificio situado en la calle Perón 667 en 43,8 millones de pesos. El magistrado entendió que la jefa de los fiscales forma parte de una venta direccionada.

Remover a Gils Carbó es uno de los retos que se impuso Macri desde que se hizo cargo del Poder Ejecutivo. En el Gobierno están convencidos de que Gils Carbó es “la líder de un grupo de fiscales cercanos al kirchnerismo” que busca sembrar de denuncias penales a los integrantes del Gobierno y así asociarlos con causas de corrupción.

“¿Negociar? No, ya no hay margen para nada. Se tiene que ir”, dijo un hombre con acceso diario al despacho presidencial.

Cómo quiere desplazarla

Congreso – Por mayoría simple

El cambio principal: la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal permitirá la remoción de la procuradora por mayoría simple en el Congreso.

Plazo – La salida de Gils Carbó

El Gobierno ya activó a sus espadas en el Congreso para avanzar con la destitución: el tiempo que se fijaron es lograrlo antes de fin de año.

Contar los votos – El oficialismo cuenta los votos para ver si puede avanzar ahora. En caso de no alcanzarlos, esperará la jura de los diputados electos, el 10 de diciembre.

Enemiga pública número uno de Mauricio Macri, Gils Carbó se transformó en una obsesión para el Presidente. En los últimos días, la jefa de los fiscales fue procesada por administración fraudulenta.

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