Todavía con margen para negociar con la Casa Rosada los puntos más polémicos del proyecto de reforma laboral y sin un acuerdo cerrado con los gobernadores peronistas, la CGT postergó ayer una definición corporativa sobre la iniciativa oficial, que se debatiría en el Congreso antes de fin de año.
Se abre ahora una negociación contra reloj, en la que la CGT identifica en el corto plazo tres pasos. El primero sería apelar a la búsqueda de consensos que pregona el Gobierno, al menos desde lo retórico. La última carta se jugará en el próximo encuentro con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , que sería el lunes o martes próximos.
De no prosperar las conversaciones con el ministro, al que ayer algunos sindicalistas señalaron como «traidor», por no haber advertido que el proyecto era mucho más amplio que meras reformas sectoriales, la CGT intentará avanzar en un acuerdo legislativo con los gobernadores para bloquear la iniciativa en el Congreso.
Los gremios saben que la caótica interna del PJ les juega en contra. Intentarán tallar en el rompecabezas peronista y la semana que viene la CGT será anfitriona de un puñado de mandatarios provinciales.
En el último paso que proyecta la CGT recién se divisaría el conflicto, con alguna medida de fuerza que hoy se anticipa lejana, a pesar de la presión de las dos vertientes de la CTA para convocar a una movilización a la Plaza de Mayo o al Congreso de la Nación.
«Tenemos el peor olfato porque quieren cambiar el derecho laboral argentino, el derecho protector y generar asimetrías con el empresario. Todavía hay conversaciones con el Poder Ejecutivo. Si es verdad que quieren construir consensos, deberían eliminar o modificar los temas profundos que cambian la ley de contrato de trabajo», dijo Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la central obrera.
Son 14 puntos del proyecto los que más resistencia generan. Algunos de ellos son: la intención de reducir el cálculo para el pago de las indemnizaciones; la modificación del artículo 4 de la ley de contrato de trabajo, para establecer un «valor social compartido» e igualar los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado; la creación de la figura del «trabajador autónomo económicamente dependiente» (una figura bastante parecida a la que se creó en la reforma brasileña), que preste servicios personales para una empresa o persona física hasta en un 80% de sus ingresos anuales, excluyéndolo del régimen del contrato de trabajo y remitiendo a una regulación estatutaria especial.
La CGT también rechaza la exclusión del régimen del contrato de trabajo de los «trabajadores independientes y sus colaboradores», creando una zona de exclusión de la ley laboral para quienes trabajen para otros (alienta a las tercerizaciones, apuntan los dirigentes gremiales); la creación de un «banco de horas», por el cual el cómputo de la jornada máxima, diaria o semanal pasa a ser anual, y la flexibilización del criterio de ius variandi, que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado.
«Si esto no se resuelve, se agravaría la situación», planteó Juan Carlos Schmid, otro de los triunviros cegetistas, tras encabezar una reunión de consejo directivo de la central obrera que duró casi tres horas.
Como sucede desde su reunificación, las diferencias son las que marcan el pulso en las reuniones de la cúpula cegetista. Se escenificó cierta unanimidad para plantar bandera e impedir un avance sobre la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, hubo posturas disímiles, algunas más flexibles y otras más combativas. Pasó ayer en el quinto piso de Azopardo 802, pero también sucedió en las negociaciones entre los abogados de los gremios y el Ministerio de Trabajo.
«Tengo la sensación de que el sector de «los Gordos» [grandes gremios de servicios] ya tiene cerrados algunos puntos con el Gobierno, como el blanqueo laboral y las pasantías», especuló un dirigente cercano a Hugo Moyano.
Las versiones llegaron rápidamente a los oídos de Daer, uno de los referentes de «los Gordos», quien abrió su discurso ante sus colegas con una advertencia: «Esta CGT no va a ir a entregar a millones de trabajadores». La firmeza con la que lo dijo dejó conformes a los representantes del sector de Moyano, hasta ahora el bastión que más resistencia exhibió ante la aparición del proyecto de ley del oficialismo. La negociación con el Gobierno sigue abierta.
fuente LA NACION
