Supongamos el caso de una provincia cuyo gobernador, por alguna razón política o económica, no reduzca el impuesto a los ingresos brutos al ritmo que le exige el nuevo pacto fiscal. O decida incrementar la planta de empleados públicos más allá de lo que comprometió al suscribir la ley de responsabilidad fiscal. Ante esta situación de incumplimiento -que, en rigor, ha sido moneda corriente en el pasado-, ¿qué herramientas posee la Nación para sancionar a la provincia rebelde?
La comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vino a nuestro país para auditar las cuentas públicas de la gestión de Mauricio Macri les hizo esta misma pregunta a los funcionarios nacionales con los que se entrevistó. Quiso calibrar qué sistema de premios y castigos incluye el nuevo paquete de reformas fiscales y tributarias con los que el Gobierno quiere demostrar puertas adentro y al mundo que la economía argentina será, esta vez, previsible.
«Provincia que no cumpla con los compromisos asumidos provincia que tendrá más dificultades para recibir fondos nacionales», fue la respuesta directa y lacónica de una fuente del gobierno nacional ante la consulta de LA NACION.
El flamante consenso fiscal que el presidente Macri firmó con los gobernadores, como también el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que el Gobierno envió al Congreso, incluye un catálogo de derechos, pero también de obligaciones y advertencias en caso de incumplimientos.
En efecto, el consenso fiscal dispone que sólo las provincias «que adhieran y cumplan» con los compromisos allí establecidos tendrán derecho a acceder a los recursos del Fondo Federal Solidario (provenientes de las retenciones a la soja). En 2018, este fondo concentrará unos 25.000 millones de pesos, confirmaron fuentes del Gobierno. Aquellas provincias que hayan adherido y cumplan con los compromisos recibirán más fondos que aquellas que no lo hicieron.
Una cláusula clave de este nuevo pacto es aquella que establece la eliminación del artículo 104 del impuesto a las ganancias, con lo cual se aumentará a 230.000 millones de pesos la masa coparticipable de este tributo a repartir entre las provincias. En esa cláusula se advierte que la Nación realizará esas compensaciones «a las provincias que adhieran y cumplan con el consenso» suscripto con la Nación.
Otra iniciativa clave es el «régimen de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno» que el Poder Ejecutivo envió en octubre pasado al Senado luego de suscribirlo con los gobernadores de 22 de los 24 distritos. Este proyecto propone que el gasto público de la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se mantenga constante en términos reales y que el crecimiento del empleo público no supere un techo; integra el paquete de reformas fiscales y tributarias que el Congreso pretende aprobar antes de fin de año.
La iniciativa contempla sanciones ante el incumplimiento de estas obligaciones. Por caso, el Gobierno estará autorizado a restringir transferencias de recursos no automáticos a las provincias incumplidoras, como también a limitarles el otorgamiento de avales en caso de endeudamiento. «La ley de responsabilidad fiscal prevé premios y castigos para cumplidores e incumplidores», afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne .
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