Una fracción del Gobierno se apuró en arrojar un diagnóstico duro y cerrado sobre el contexto en el que murió el joven mapuche Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, tras un presunto tiroteo con Prefectura. “Pasaron de las piedras a los tiros”, advirtió un alto funcionario. Hay quienes en el Ejecutivo suponen que en el país germinaron grupos dispuestos a pasar de las consignas a la violencia política, que hasta hace poco era imperceptible y subterránea; pero no todos están de acuerdo.

Para abonar esa teoría, apenas se conoció la noticia de la muerte de Nahuel, desde el Ministerio de Seguridad compartían un parte de la Policía Federal que daba cuenta de una sospechosa explosión en el partido de Tigre.

Según la información oficial, a Federico Rodolfo Morera, de 50 años, debieron amputarle su brazo izquierdo en el Hospital de Pacheco luego de que explotara accidentalmente una bomba casera que manipulaba en su casa.

Los bomberos acudieron al domicilio en Rincón de MIlberg con la sospecha de que se trataba de la explosión de una garrafa, pero el perito en incendios determinó que se trataba de una bomba. Se investiga si el sospechoso pertenecería a un grupo anarquista.

“Es notorio que en el interior de la vivienda, escenario de los hechos, las publicaciones y recortes de marchas de organizaciones de izquierda, la aparición con vida y reclamo de justicia por Santiago Maldonado, además de existir aerosoles de pintura que orientan a sospechar actividades anarquistas por parte de esta familia”, expuso el perito.

El sospechoso Morera trabajaba en la dirección de Cultura de la Provincia y estaba en evidente estado de ebriedad, según las pericias.

En el ministerio que conduce Patricia Bullrich no fueron tan lejos para vincular directamente los hechos ocurridos en Bariloche con los de Tigre, separados por 1.600 kilómetros. De todos modos, creen que el marco general es el mismo.

“En el sur el clima de violencia es evidente hace tiempo, en Buenos Aires no nos enteramos, pero está latente”, graficaban en algunos despachos oficiales. Con el mismo convencimiento, Bullrich persigue las amenazas en Twitter contra el presidente Mauricio Macri.

La ministra fue la encargada de comunicarle al Jefe de Estado y al Jefe de Gabinete Marcos Peña la noticia del tiroteo en el que murió Nahuel, a manos de Prefectura, tras la orden firmada por el juez Federal subrogante Gustavo Villanueva. Ahora, esperan que el magistrado -que también decidirá sobre la extradición a Chile del lonko Facundo Jones Huala- sea la voz que responda.

Ni Peña ni el Presidente -más preocupados hasta ayer en el rescate y en las implicancias del submarino ARA San Juan- compartirían el diagnóstico sobre un clima de violencia política.

Por el contrario, algunos de los funcionarios políticos más importantes del Ejecutivo ponderaban hasta hace poco en público y en privado la distensión social que se vivió en todo el país tras las PASO de agosto, confirmada luego en octubre.

Nadie en el Ejecutivo, sin embargo, ni las carteras de Seguridad, ni la de Justicia ni en Jefatura de Gabinete ponen por ahora en duda la versión oficial de que se trató de un tiroteo. “Fue un tiroteo genérico mientras escapaban de una agresión”, señaló un alto funcionario a pesar de que voceros de la comunidad mapuche y de gremios estatales hablaron de una cacería y de que hay mapuches desaparecidos, que para la Justicia, están prófugos.

El gobernador de Río Negro Alberto, en tanto, tomó distancia del caso aunque señaló a la RAM. “Es un grupo violento que no reconoce el Estado argentino. No sabemos que pasó, es jurisdicción federal”, declaró en radio Mitre en alusión a los terrenos de Parques Nacionales que habían sido tomados por mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Al mismo tiempo, algunas internas vuelven a aflorar en el seno del poder. La más visible es la que mantienen Bullrich y su número 2 en los papeles desde el inicio de la gestión Eugenio Burzaco.

En la Cartera afirmaron que el secretario de Seguridad era quien estaba a cargo del accionar de la fuerza, porque esa es su tarea. Burzaco, salpicado por las declaraciones de su hermano Alejandro implicado en el FIFA Gate- se mantiene en el hermetismo.

El ministro de Justicia Germán Garavano, que chocó contra Bullrich cuando quiso abrir la puerta para que veedores de la ONU “supervisaran” el caso Maldonado, pero terminó suplantando a la ministra como vocero oficial, se mantiene por ahora prescindente.

No obstante, funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos bajo su órbita y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ya trabajan en la zona, donde ya se encuentra un hombre de Bullrich: Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas de Seguridad, muy activo también durante el caso Maldonado.

Bullrich, aliada al macrismo desde hace casi una década, se disponía a ejecutar mañana lunes un nuevo gesto de lealtad ajeno al conflicto en Villa Mascardi: eliminar su partido Unión por la Libertad (más conocido como Unión por Todos), tras la reunión del Consejo Nacional del PRO en Parque Norte. La decisión, como informó Clarín, ya le había sido comunicada, aunque algunos nostálgicos de su partido de origen -sin funcionamiento real- se oponen.

Nadie en el oficialismo considera que esa decisión debilite a la ministra en el interior del Gobierno. El Encuentro Nacional de Cambiemos, se había suspendido por la búsqueda del submarino ARA San Juan. El del PRO, por ahora, sigue en pie.

fuente CLARIN

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