Mientras la Armada redujo ayer la zona de búsqueda del submarino ARA San Juan , la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Isabel Yañez, ratificó que aún espera la respuesta del ministro de Defensa, Oscar Aguad , a quien le pidió por escrito que releve del secreto de confidencialidad a los jefes navales, para avanzar en la investigación de la desaparición del buque, con 44 tripulantes a bordo.
«Si contamos con la desclasificación de la información, podremos recibir pruebas esenciales», explicó la jueza, en diálogo con periodistas. El ministro no respondió todavía el cuestionario enviado el viernes por la magistrada y tampoco explicó a los medios las razones de la demora.
La doctora Yañez, que caratuló la causa como «Averiguación de ilícito», reveló que en estos días espera la respuesta formal a lo solicitado al ministro para eliminar en este caso el carácter de confidencialidad de la información militar. «La ley dice que es el Presidente quien puede relevar del secreto. Pero el decreto reglamentario, del año 2006, delega esa función en el ministro de Defensa», dijo.
La jueza se reunió ayer con el abogado Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los marinos que embarcaron en el ARA San Juan, y anticipó la decisión de al menos siete familiares de los tripu-lantes de presentarse como querellantes en la causa.
«Queremos salvaguardar las pruebas sobre el mantenimiento y las comunicaciones», explicó Tagliapietra. Y advirtió sobre la necesidad de «desenmarañar una red de mentiras evidente, porque terminan reconociendo cosas a través de los medios», en alusión a los partes difundidos por la Armada.
Tagliapietra, quien también es abogado, viajó ayer a Caleta Olivia y presentó un escrito ante la jueza, en el que pidió que se preserven los elementos de prueba y se salvaguarde toda la documentación vinculada al estado y mantenimiento del buque desaparecido el 15 de noviembre último.
Por su parte, la jueza admitió que se trata de «una causa compleja» y dijo que diariamente recibe un informe del centro de búsqueda y rescate instalado en la Base Naval de Puerto Belgrano. Explicó que su investigación se limita a la reconstrucción de los instantes previos a que zarpara el submarino, que partió de Ushuaia rumbo a Mar del Plata, lo que incluye las reparaciones que eventualmente se le hayan realizado a la nave en los días anteriores.
En el expediente no se investiga la reparación de media vida a la que fue sometido entre 2008 y 2014, operación que fue objetada en 2016 por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el propio Ministerio de Defensa, como publicó LA NACION el domingo pasado.
Yañez, quien lleva la causa porque la última comunicación del submarino fue en mar territorial argentino a la altura de Caleta Olivia, consideró que lo ocurrido con el ARA San Juan es un tema «muy sensible, de una complejidad que no se compara ni con la tragedia de Cromagnon», comentó ante los periodistas que hacían guardia frente al juzgado federal de la ciudad santacruceña.
La jueza considera que lo ocurrido con el submarino «es la mayor tragedia naval» que recuerda y afirmó: «Estamos tratando de investigar qué pasó. Luego, con certezas, se va a poder determinar si hubo algún tipo de responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa».
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