Los borradores reservados que circulan en el gobierno de Mauricio Macri , como parte del plan de reestructuración de los cargos jerárquicos en el Estado, revelaron que la Administración Pública Nacional tiene 3128 nombramientos políticos; la orden presidencial es recortarlos un 20% a partir de 2018.
Esto incluye ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores. Y abarca Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y los 20 ministerios. Si se computan los entes descentralizados, los cargos políticos llegan a 3500.
Así lo pudo establecer LA NACION en base a borradores de las carpetas de los ministros. Esas planillas contemplan sólo cargos jerárquicos y no incluyen al personal de planta o contratado, que suma 740.000 empleados.
La directiva es reducir el 20%, por lo que deberían eliminarse unos 700 nombramientos políticos que realizó Macri. El ajuste deberá implicar un ahorro del 20% de la masa salarial de esos cargos, como anticipó LA NACION el 21 de noviembre pasado.
En el ranking oficial de «ravioles» -así llaman a los cargos por la forma de cuadritos en el organigrama-, el primer puesto es del Ministerio de Hacienda, con 289 cargos. La cartera de Nicolás Dujovne debe vigilar por la racionalidad de la administración y es la más urgida por reducir el gasto público y el déficit fiscal. Detrás, el Ministerio de Modernización, con 258 cargos. El ministro Andrés Ibarra dirige el plan de racionalización, pero hace tres meses absorbió el Ministerio de Comunicaciones.
En el ranking siguen Desarrollo Social, con 238 cargos; Presidencia, con 235; Agroindustria, con 197; Jefatura de Gabinete, con 189; Seguridad, con 179; Interior, con 176; Energía, con 166, y Justicia, con 157.
En un segundo lote se ubican Producción, con 138; Trabajo, con 120; Cancillería, con 113; Transporte, con 112; Cultura, con 94; Educación, con 90; Ciencia y Técnica, con 77; Defensa, con 77; Ambiente, con 68; Salud, con 64; Turismo, con 55, y Finanzas, con 36.
Este ajuste en cargos jerárquicos será acompañado por el cese de un porcentaje similar de contratos temporarios regidos por el artículo 9 de la ley nacional de empleo público. Son unos 60.000 y son renovables cada año. El criterio es dar de baja los contratos cuyas funciones no están claras, están superpuestas, no cumplen estándares de desempeño o arrastran ausentismo.
Asimismo se comenzaron a adelantar jubilaciones de empleados de planta permanente en edad de jubilarse. Sobre ello no hay precisiones numéricas.
La decisión de avanzar a fondo se tomó por la necesidad de dar señales de austeridad. Macri siente que le está costando ganar la batalla contra la inflación. El año terminará 5 o 7 puntos por encima de la meta del 17% prevista por el Banco Central. La restricción monetaria demostró no ser suficiente y es apenas una aspirina en un enfermo terminal.
La Casa Rosada no había prestado especial atención al gasto público en un principio, porque el Presidente subestimó la herencia y sobreestimó el efecto por el cambio de expectativas: presumió que los empresarios no iban a remarcar precios y que iban a invertir, lo cual no ocurrió. Macri les confesó a sus ministros que deben predicar con el ejemplo para legitimar ajustes en el gasto en las provincias, y las reformas laboral o jubilatoria.
Ibarra y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se reunieron en las últimas dos semanas con todos los ministros, que les elevarán esta semana sus propuestas de recorte.
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