Un artilugio legal podría favorecer a Cristina Kirchner y dejar sin efecto el pedido de desafuero elevado al Senado por el juez Claudio Bonadio en diciembre último por el supuesto encubrimiento en el atentado contra la AMIA. El pedido del magistrado podría ser enviado al archivo mañana ya que su vigencia caducaría con el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias.

El debate gira en torno al trámite legislativo que las comisiones dan a las solicitudes que ingresan a la Cámara alta bajo el rótulo de “oficiales varios”. La tradición indica que esos documentos son enviados al archivo cuando concluye el período legislativo en el que ingresaron.

Es el caso del pedido remitido por Bonadio el 7 de diciembre pasado. El presente período legislativo, en tanto, concluirá mañana, ya que el jueves Mauricio Macri dejará inaugurado uno nuevo con su tradicional discurso sobre el estado de la Nación ante la Asamblea Legislativa.

A la puesta en práctica de esta costumbre se aferran algunos dirigentes kirchneristas de la Cámara alta, como la exsenadora por Santa Cruz Virginia García, que, en su nueva condición de secretaria parlamentaria del bloque del FPV, hizo averiguaciones sobre la caducidad de los expedientes ingresados como “oficiales varios”.

Sin embargo, en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, no existe una norma que establezca de manera taxativa la caducidad de esos expedientes. Una resolución aprobada el 13 de junio de 1991 reglamenta la vigencia de los proyectos de resolución, comunicación y declaración y de las denominadas “peticiones particulares”, fijándoles como límite el año parlamentario en el que fueron presentados. Pero nada dice de los “oficiales varios”.

Para fundamentar su punto de vista, el kirchnerismo esgrime, además de la “tradición”, el caso del pedido de desafuero presentado contra el entonces senador por Tierra del Fuego Jorge Colazo, que fue enviado al archivo al término del año parlamentario en el que ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en 2009.

Pero incluso en esta materia los antecedentes no son unánimes. Por ejemplo, el pedido de desafuero presentado en 2004 contra la neuquina Luz Sapag fue enviado al archivo cuatro años después, cuando ya había concluido el mandato de la senadora.

La diferencia de criterio entre ambos casos se explica en el posicionamiento político de los legisladores. Mientras Colazo fue protegido por responder al oficialismo (había dejado el radicalismo para abrazar el kirchnerismo), Sapag debió pagar con una larga espera su condición de crítico del Gobierno.

En el oficialismo están alertas ante la posibilidad de que el FPV reclame la caducidad del pedido de desafuero de Cristina Kirchner y aseguran que rechazarán cualquier intento en ese sentido, basándose en que no hay una norma que ordene su archivo.

fuente LA NACION

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