Un texto con severas deficiencias jurídicas sobre una materia que divide aguas en el Congreso e, incluso, en el propio Gobierno es la principal causa que mantiene empantanado en el Senado el proyecto de ley de extinción de dominio.Se trata de la herramienta legislativa con la que se pretende acelerar el decomiso de bienes adquiridos con el beneficio de los denominados delitos de corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.
Apurado por los reclamos de los ministerios de Seguridad y de Justicia, Mauricio Macri reflotó el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, y pidió su pronta sanción.
Sin embargo, el proyecto lleva casi dos años parado en el Senado por la polémica en torno a la vulneración del derecho constitucional a la propiedad, que implicaría la sanción de una ley que habilite el decomiso de bienes sin que exista, al menos, una sentencia en primera instancia.
La vulneración del derecho a la propiedad fue una de las constantes de todas las críticas formuladas por jueces, fiscales y especialistas en derecho que expusieron ante la Comisión de Justicia del Senado sobre el proyecto. luego de que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en junio de 2016.
Aquella sanción permitía a los fiscales impulsar el juicio de acción de dominio ante la Justicia Civil, independientemente del resultado del proceso penal. En otras palabras, se habilitaba el decomiso aun sin que existiera una sentencia.
«El proyecto de Diputados era muy malo en materia de garantías individuales. Consideramos que debe haber un proceso razonable para evitar situaciones discrecionales que afecten el derecho a la propiedad», explicó a LA NACION Miguel Pichetto (Río Negro), líder del Bloque Justicialista, cuyo apoyo es vital para que el Senado pueda avanzar en el tratamiento de la iniciativa.
Tras un exhaustivo trabajo jurídico y político, el oficialismo y el PJ llegaron a un consenso y firmaron un dictamen en el que se establecía el acto de procesamiento o la elevación a juicio oral del encausado como el punto de partida para el proceso de decomiso, el cual ya no recaería en un juez civil, sino en uno penal. Además, la acción quedaba en manos de la Procuración del Tesoro y ya no del Ministerio Público Fiscal.
Caída del dictamen
El dictamen se firmó con amplio consenso en noviembre de 2016. Pero el expediente nunca llegó al recinto.
De hecho, el recambio de un tercio del Senado, operado en diciembre último, hizo caer el dictamen, aunque no así el expediente aprobado por Diputados, que tiene un año más de vigencia.
«Vamos a pedirle al peronismo poner el tema sobre la mesa para tratar de ver, entre todos los sectores involucrados, cuál es el camino de mayor consenso», afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), tomando el guante lanzado por Macri ante la Asamblea Legislativa.
Una de las primeras explicaciones sobre el estancamiento del proyecto es la falta de acuerdo en la Cámara de Diputados para respetar los cambios que el Senado había decidido introducirle a la media sanción. Todas las miradas en la Cámara alta apuntan a la rebeldía del bloque del Frente Renovador a aceptar esos cambios.
Consultada por LA NACION, la presidenta de la bancada de diputados massistas, Graciela Camaño, tomó el guante y redobló la apuesta. «Nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier tipo de modificación. Pero no estamos dispuestos a aceptar que se quiten algunos delitos», sentenció la legisladora ante la pregunta de LA NACION, dejando abierta la sospecha a una eventual exclusión de los delitos vinculados con la corrupción.
«No podemos sacar los delitos de corrupción. Antes de hacer eso, no hacemos nada. No podemos ser tan burdos», replicó Pichetto, cuando LA NACION le trasladó las dudas de la diputada Camaño.
El alcance de la extinción de dominio es otro de los puntos conflictivos entre ambas cámaras.
En medio de lo que en el Senado calificaron como «demagogia punitiva», y a pedido de la oficialista Elisa Carrió, la Cámara de Diputados extendió el decomiso a todos los delitos del Código Penal.
Sin embargo, el dictamen del Senado circunscribió esa herramienta a una serie de delitos, entre los que se destacan los de narcotráfico, trata de personas y corrupción.
Interna en el Gobierno
Pero lo cierto es que el tema también divide opiniones en el interior de la Casa Rosada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la que más insiste ante el Presidente por la sanción de una ley de extinción de dominio.
La cartera de Seguridad la considera una herramienta vital en la lucha contra el narcotráfico y, por esa razón, pretende la sanción de la ley aun cuando no contemple la posibilidad de decomisar los bienes obtenidos con el beneficio de la defraudación contra el Estado.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, atiende otras necesidades y pugna por una ley más amplia. Es que la extinción de dominio de bienes obtenidos a partir de actos de corrupción es una de las exigencias reclamadas a la Argentina para aspirar a ingresar a la OCDE, uno de los objetivos fijados por la administración macrista.
En medio de este tironeo, Macri sigue sin laudar la disputa entre los ministerios, aunque todo indica que se inclinaría por apoyar una norma que garantice de manera inequívoca el derecho a la propiedad.
Una polémica no resuelta
Federico Pinedo
Presidente Provisional Senado
«Vamos a pedirle al peronismo poner el tema sobre la mesa para tratar de buscar, entre todos los sectores involucrados, el mayor consenso»
Miguel Pichetto
Jefe Bloque Justicialista
«No podemos sacar del proyecto los delitos de corrupción. Antes que hacer eso, no hacemos nada. No podemos ser tan burdos»
Graciela Camaño
Diputada-Frente Renovador
«Nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier tipo de modificación; no estamos dispuestos a aceptar que se quiten delitos»
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