Alejandro Poli pasó de ser el representante gremial de un puñado de remiseros en Quilmes a liderar una federación nacional que sueña con afiliar a casi un millón de conductores que trabajan en la informalidad.
Su ruta ascendente no se detuvo: en mayo del año pasado fue designado por el gobierno de Mauricio Macri para administrar la obra social del otro gremio de remiseros, con el que la organización de Poli se disputa los afiliados.
La construcción de poder de Poli, que integra la cúpula del partido Fe, una fuerza aliada de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, fue de alguna manera avalada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca .
El funcionario habilitó la expansión del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante (Surya), a pesar de que en el juzgado federal de Claudio Bonadio avanza una investigación sobre la inserción de datos falsos en los formularios de afiliación.
En el expediente judicial, al que accedió LA NACION. se apilan numerosas declaraciones testimoniales de presuntos afiliados que niegan tener cualquier tipo de vinculación con el Surya y que desconocen su firma en las actas del gremio.
«Nunca nos llamaron del juzgado», relativizó Poli el curso de la investigación judicial.
La denuncia ante el juzgado de Bonadio fue activada por Raúl Alcides Albil, secretario general de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises (Ucairra). Albil también afrontó una causa judicial por irregularidades en los padrones y en el proceso eleccionario del gremio, aunque logró que se le dictara la falta de mérito, que fue concedida el 17 de febrero de 2016 por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.
El enfrentamiento
La pulseada de Albil es con Poli. Pero también con Triaca. Apuntó contra el ministro porque no le habilita el gremio y «le entregó» la obra social a Poli, a quien vinculó con la denominada mafia de los medicamentos, la causa judicial que involucra a decenas de sindicalistas por la presunta adulteración de remedios.
Triaca no quiso opinar ante la consulta de LA NACION y un vocero suyo dijo que el Ministerio de Trabajo «no iba a opinar sobre internas gremiales». Minimizó, así, el alcance de la investigación de Bonadio porque todavía no había una «sentencia firme».
El 15 de mayo de 2017 la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), a cargo entonces de Luis Scervino, designó a Poli delegado normalizador de Oscraia, la obra social de los remiseros de Ucairra. En términos futboleros, sería algo así como ubicar como interventor de River al presidente de Boca.
«La designación fue un pedido específico de Jorgito [Triaca]. Esa obra social es una de las 100 que figuran en el listado que elaboramos de las que deben desaparecer o fusionarse», dijo a LA NACION un funcionario de la SSS, el organismo que administra los fondos de la salud de las cajas sindicales y donde Triaca talló de manera directa a través de su esposa, María Cecilia Loccisano, que debió renunciar en enero a su cargo en el Ministerio de Salud tras un decreto presidencial en contra del nepotismo.
Poli, en tanto, dijo que le dieron a él el control de la obra social porque tiene afiliados que están encuadrados en ese convenio colectivo. «La obra social estaba acéfala desde 2015. No tiene nada que ver la política y el partido Fe: yo laburo y afilio remiseros, algo que los otros no hacen», se defendió.
Poli se considera heredero de Gerónimo «Momo» Venegas, uno de los primeros sindicalistas en sumarse al macrismo a través de Fe, su partido político. De su mano llegó a las 62 Organizaciones Peronistas, el histórico brazo político de la CGT que está hoy desarticulado y que comulga con el oficialismo.
Desde la muerte del referente de Uatre, en junio de 2017, las 62 quedaron a cargo de Oscar Mangone, el jefe del gremio del gas que trabaja para construir una central obrera sin Hugo Moyano ni Luis Barrionuevo.
fuente LA NACION
